Durante varios días, el sector transporte estuvo atravesado por rumores de un posible paro de camioneros, motivado por sobrecostos y el incumplimiento de acuerdos.
Valora Analitik habló con voceros del sector para conocer el trasfondo. Desde Familia Camionera, su representante Alberto Palma rechazó de plano la posibilidad de un paro y marcó distancia frente a otras voces del gremio.
“Nosotros no estamos de acuerdo con afectar las vías del país. En gobiernos anteriores nos engañaban y no cumplían, pero hoy nos encontramos con un Gobierno que entiende lo que necesitamos”, aseguró.
Palma sostuvo que el actual diálogo con el Ejecutivo ha permitido avances que no se habían logrado en más de dos décadas.
“Estamos bien con este Gobierno. En un año estamos solucionando la ‘tragedia’ de 23 años. Algunos dicen que están con nosotros, pero en realidad nos están dañando el trabajo que estamos logrando. Son los intermediarios de carga los que lanzan críticas y nos hacen quedar mal”, afirmó.
El dirigente explicó que el sector cuenta hoy con un marco jurídico claro, especialmente el Decreto 1017, que permite la expedición de resoluciones orientadas a proteger al camionero tradicional y no a los intermediarios del transporte de carga.
Según Palma, ya se evidencian mejoras en los fletes, en los procesos de asociación, en la formalización y en la vocación del transporte.
¿En qué están trabajando camioneros y Gobierno?
De hecho, en la más reciente reunión con la ministra de la cartera, María Fernanda Rojas, el Ejército y la Policía se abordaron tres resoluciones clave:
1. Control del precio mínimo por trayecto, esta figura ya existía, pero no se cumplía. Ahora, el sistema de costos eficientes es de obligatorio cumplimiento ya que, sin este requisito, no se expide el manifiesto de carga. La tarea está en ajustar los precios con variables como salario mínimo, peajes y combustibles.
2. Normalización de vehículos con deficiencias documentales, para que los camioneros puedan poner en regla su operación: reglamentación de vehículos de carga entre 3,5 y 10,5 toneladas de peso bruto vehicular, incluyendo carga liviana y volquetas, y que actualiza la política de reposición vehicular con un enfoque en modernización del parque automotor.
3. Cambio de placa amarilla a placa blanca, para ciertos tipos de vehículos, con el fin de formalizar su actividad.
Al cierre de la reunión, la ministra María Fernanda solicitó al Ministerio de Defensa redoblar los esfuerzos de protección en las vías, incluso con apoyo del Ejército, para garantizar la seguridad de los transportadores. El próximo jueves está prevista una nueva jornada de trabajo.
“La seguridad de quienes mueven la economía del país es una prioridad. Por eso pedimos redoblar la presencia y el control en las vías nacionales para proteger la vida y el trabajo de los transportadores”, afirmó la ministra.
La cartera también presentó un proyecto de decreto que abre un nuevo plazo para la normalización de vehículos con omisiones en el registro inicial, una medida que permitirá destrabar la operación de más de 8.000 propietarios que hoy no pueden generar manifiestos de carga. El decreto contempla facilidades de pago en una o dos cuotas, lo que permitirá reactivar la operación desde el primer desembolso.
También resaltó la actualización del SICE-TAC, que con el Decreto 1017 de 2025 avanzó hacia el registro de tiempos reales de cargue y descargue y la actualización de variables clave como combustible, peajes y salario mínimo.
“Nuestro compromiso es que las herramientas del sector reflejen la operación real del transporte. Tomamos decisiones técnicas, con datos y con diálogo permanente”, concluyó la ministra.
No obstante, no todos los gremios comparten el mismo optimismo. Para Fabián Hernández, presidente de Renacer Camionero, persisten vacíos importantes.
“Hay muchos puntos que aún no están bien estructurados y han tardado en cumplirse. El SICE-TAC bajó los costos y se necesita una mesa técnica con valores reales. Además, el Decreto 1017 no lo están cumpliendo las empresas intermediarias y, pese a las quejas, la Superintendencia no actúa”, advirtió.
Hernández señaló que la principal preocupación del transportador sigue siendo la inseguridad en las carreteras y el mal estado de las vías. Aunque por ahora no se contempla un llamado a la inmovilización”.
