Canacol Energy comunicó que fue notificada de la decisión del tribunal arbitral nacional convocado por VP Ingenergía ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en un proceso que analizó la terminación de tres contratos de suministro de gas natural entre ambas compañías.
El caso surgió luego de que Canacol diera por terminados los contratos por el incumplimiento de VP Ingenergía en la entrega de garantías contractuales y en el pago del gas recibido, además de la existencia de un evento de fuerza mayor que afectó a la productora en 2023.
El tribunal acogió los argumentos de Canacol sobre la irregularidad de las garantías y el manejo indebido de los recursos provenientes de la venta del gas, aunque aceptó parcialmente las reclamaciones de VP Ingenergía relacionadas con los eventos de fuerza mayor. Como resultado neto, la decisión ordena a Canacol pagar una suma de $86.145 millones (aproximadamente US$22 millones). Sin embargo, la compañía precisó que el laudo aún no está en firme, pues puede ser objeto de aclaraciones y complementaciones hasta el próximo 20 de noviembre de 2025.
Canacol explicó que está revisando el alcance de la decisión frente a las deudas pendientes de VP Ingenergía, que ascienden a unos $95.000 millones de pesos (US$25 millones), respaldadas por órdenes de pago emitidas por jueces colombianos a favor de la productora.
Además, la empresa recordó que actualmente cursa un proceso arbitral internacional en el que VP Ingenergía figura como demandada por montos superiores a los $290.000 millones (US$76 millones), sin que existan reclamaciones económicas en su contra. Este caso, que se espera concluya en el primer semestre de 2026, se apoya en el reconocimiento del tribunal nacional de que Canacol actuó con justa causa al terminar los contratos.
De manera paralela, la compañía anunció que pondrá el laudo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, dado que el tribunal nacional probó que las garantías presentadas por VP Ingenergía no respaldaban adecuadamente los contratos y que sus representantes incumplieron sus deberes de buena fe, retirando recursos de la fiducia que debían destinarse al pago de las obligaciones con Canacol.
Estos hechos, según la empresa, tienen incidencia directa en las investigaciones penales en curso contra los directivos y accionistas de VP Ingenergía —Álvaro Augusto Vargas Bravo, Patricia Peña y Darlyn Yesenia Neira—, a quienes la Fiscalía imputó cargos por delitos como estafa agravada y corrupción, y solicitó medida de aseguramiento.
La compañía aseguró que continúa evaluando el contenido del laudo arbitral y no descarta interponer los recursos o acciones legales correspondientes. “Canacol insiste en que continuará confiando en la justicia colombiana”, concluyó el comunicado.
—
