El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de las TIC, Julián Molina, iniciar un proceso de licitación para el Canal 1 con el argumento de “impulsar una nueva forma de manejar la televisión”.
Según el mandatario, ese modelo debería estar en manos de “las juventudes, de la gente del arte y la cultura” y no de “potentados económicos ni del Gobierno”. Además, aseguró que había “irregularidades en dicho contrato”.
La instrucción generó un choque inmediato. Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, explicó en conversaciones con Valora Analitik que un cambio en la concesión solo se puede hacer en dos escenarios: por acuerdo de las partes o hasta que llegue el año 2037.
“No vemos ninguna otra forma en que lo puedan hacer, y por supuesto que cualquier cosa que viole la ley tendrá la acción jurídica correspondiente, pero por ahora no se nos ocurre cuál sea el camino con el cual ellos quieren hacer esto”, sentenció Avendaño.
Agregó que “detrás de este discurso se esconde un intento político, no es otra cosa que querer controlar los medios de comunicación. En este momento, los medios de comunicación están bajo ataque. Hace dos semanas dijo que quería comprar RCN, no sé si buscó a los propietarios de esta empresa para tratar de hacer alguna transacción. Por semanas y semanas ha dicho que alguno u otro medio no le gusta por alguna razón. Es un ataque directo a la libertad de prensa, a la libre expresión, y hay que estar muy atentos”.
El presidente de Canal 1 también negó las presuntas irregularidades señaladas por el Gobierno y recordó que “el exministro Mauricio Lizcano, cuando ejercía en ese sentido, dijo en el Congreso que todo estaba absolutamente transparente. Los cambios de accionistas que se habían dado de una manera lícita”.
Asimismo, denunció un hostigamiento sistemático del Estado por múltiples entidades y de múltiples formas, que se está reflejando en los anunciantes: “Nos han denunciado muchas empresas que no solo pautan en Canal 1, sino en otras campañas, que están recibiendo cartas de entidades del Estado haciéndoles preguntas sobre sus estrategias publicitarias. Hay una organización sistemática e interesada en ahogar este medio de comunicación”.
¿Qué dice el MinTic?
El ministro, Julián Molina, sostiene que la concesión de Canal 1 no va hasta 2037, como se ha dicho, sino hasta 2027. Esto porque la ley que amplió la vigencia de los canales de operación pública —hasta 40 años— estableció que las prórrogas no podían ser automáticas ni gratuitas.
Sobre la licitación, señaló que, una vez finalice la concesión vigente, debe abrirse un nuevo proceso de manera natural.
En paralelo, el ministerio investiga si los actuales concesionarios cumplen con las condiciones originales, que exigían que fueran periodistas y no inversionistas, con el fin de “garantizar pluralismo y libertad de expresión”. De encontrarse irregularidades, podrían aplicarse sanciones que van desde multas hasta la caducidad del contrato.
Periodistas y asociaciones se pronuncian
A las críticas se sumó un comunicado firmado por un grupo de periodistas que advirtieron: “La decisión del Gobierno de suspender el contrato con Plural Comunicaciones, operador del Canal 1 de Televisión, constituye un ataque a la libertad de expresión y a la democracia. Nos preocupa que esta medida sea un intento de controlar medios de comunicación y silenciar voces críticas”.
“El contrato de concesión es legítimo y ha sido cumplido por Plural Comunicaciones. La inversión de más de $117.000 millones en una programación pluralista y de interés público es un testimonio de la seriedad y compromiso del Canal 1 con la sociedad”, señalaron los firmantes, entre ellos Gloria Vallejo, Camilo Tovar, Guillermo Romero, Fernando Barrero, Pedro Fuquen y Norberto Patarroyo.
Y concluyeron: “Abrir un nuevo proceso de licitación para el Canal 1 es un intento de despojar a este medio de comunicación del derecho que tiene el contratista a operarlo. Este hecho atenta contra la libertad de empresa, la libertad de expresión y constituye una amenaza a la democracia”.
Por otro lado, la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) reiteró su llamado a proteger la libertad de prensa, la pluralidad informativa y la independencia de los medios en Colombia, en respuesta a los anuncios del Gobierno sobre modificaciones en la operación del Canal 1.
La asociación advirtió que estas medidas se dan en un contexto de creciente polarización y descalificaciones hacia medios y periodistas. Recalcó que la comunicación libre es pilar de la democracia, que el pluralismo informativo es un derecho ciudadano y que los medios cumplen la función de vigilar al poder, no de ser sus adversarios.
Finalmente, pidió respeto a la normativa vigente en las concesiones, transparencia en las decisiones y promoción de diálogos constructivos.
