El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó ante el Congreso su plan para ampliar la cobertura de las ayudas sociales que se crearon en el país por la Covid-19.
El Ejecutivo y el Legislativo protagonizan un pulso definiendo cuáles programas que deberían mantenerse, a qué poblaciones estarían dirigidos y por qué lapso de tiempo se extenderían, debate marcado por un Congreso que parece respaldar que se amplíen estos beneficios.
Piñera propone inyectar recursos a las pymes, enfocar los esfuerzos en profundizar las ayudas para las familias y revisar disposiciones tributarias con el fin de poder financiar esos programas sociales.
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El mandatario presentó un documento de tres páginas ante la Cámara de Diputados y el Senado en el que esbozó las pinceladas de lo que sería su política en este ámbito.
Respecto a las Pymes, proponen un nuevo programa para ayudar a esas empresas por US$1.000 millones, subsidios y postergar el pago del IVA de mayo a agosto de 2021.
Sobre el recaudo, en la misiva se lee que buscan que “quienes ganan más paguen más impuestos para financiar las ayudas”.
Esto se traduce en revisar los gravámenes a ganancias de capital y la posibilidad de ampliar el periodo del impuesto sustitutivo al FUT, que es el gravamen creado para las rentas acumuladas y pendientes de distribución dentro del Registro Fondo de Utilidades Tributables.
También esbozaron que revisarían el crédito especial de IVA a la construcción y los gravámenes sobre bienes de lujo, según reseñó el Df.
De fondo, empieza a entrar el debate de una nueva reforma tributaria en Chile. El ministro de Hacienda, Juan José Ossa, afirmó que “para financiar la pandemia se requiere recaudar más y mejor y eso supone pensar algunos impuestos específicos”.
Ossa habla de revisar las exenciones tributarias, impuestos específicos a corto plazo y efectuar análisis técnicos de cambios macroeconómicos a largo plazo.
El tercer punto de las disposiciones presentadas por el Ejecutivo de Chile es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Esta fue una de las grandes apuestas de Piñera en el marco de la Covid-19 en 2020, que ha sido ampliado en diferentes ocasiones hasta llegar a 13 millones de personas de los casi 19 millones de habitantes que tiene el país.
Alrededor del 80 % de las familias de Chile son beneficiarias del IFE y el Ejecutivo busca que este cubra a toda la población. Esa ha sido una de las medidas implementadas para dar liquidez a los hogares.
Pero hay que resaltar que en Chile está por librarse un debate más álgido: el cuarto retiro del 10 % de los ahorros de los contribuyentes en las Aseguradoras de Fondos de Pensión (AFP) que fue presentado por el Partido Humanista de Chile en la Cámara de Diputados.
El Tribunal Constitucional permitió en días pasados el tercer retiro de las AFP, lo que supone una salida de US$19.000 millones de esos fondos, entre los que se tocó las ganancias de los ahorros.
La justicia ha dado vía libre a que las aseguradoras tengan que entregar importantes proporciones de los ahorros de los asegurados y ahora el Congreso se encamina ha buscar un cuarto retiro, en un escenario en el que las AFP y el propio Gobierno rechazan esa acción por las implicaciones que tendría para el ahorro futuro de ese sector.
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