Colombia cambia fecha para que exchanges de criptomonedas reporten operaciones de usuarios

La actual regulación en Colombia, expedida por la Dian recientemente, indica que los ciudadanos deben declarar sus operaciones con criptomonedas.

La actual regulación en Colombia, expedida por la Dian recientemente, indica que los ciudadanos deben declarar sus operaciones con criptomonedas después de superar ciertos límites al mes.

De acuerdo con esa regulación, las se deben reportar al precio al que se compraron para ser incluidas en la declaración de renta (en caso de que el ciudadano colombiano cumpla los topes). Todas las noticias de criptomonedas aquí

Dentro de esa regulación vigente en Colombia se encuentra la Resolución 341 de 2021 expedida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad adscrita el Ministerio de Hacienda.

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Mediante esa norma la UIAF de Colombia definió imponer la obligación a las empresas que provean servicios de activos virtuales de enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), así como reportes de transacciones individuales y múltiples que se realicen sobre activos virtuales. La resolución se puede descargar en este link: uiaf.gov.co

De esta manera, los denominados exchanges mediante los cuales se transan criptomonedas debían reportar desde el primero de abril de 2022 las operaciones de sus usuarios que superen los US$150 de forma individual o US$450 de forma grupal.

Sin embargo, según conoció Valora Analitik, la nueva fecha para iniciar el reporte desde esos exchanges serán el primero de julio de 2022.

Colombia cambia fecha para que exchanges de criptomonedas reporten operaciones de usuarios

Ese aplazamiento de la fecha de entrada en vigor de los reportes se dio por petición de los exchanges que tienen presencia en Colombia para la compra y venta de crypto.

Colombia, protagonista mundial

Cifras recopiladas por la UIAF hasta el tercer trimestre de 2021 muestran que Colombia era el país número 11 del mundo con mayor cantidad de operaciones con criptomonedas.

Supera a países referentes de ese mercado y que tienen ciertas características sociales y políticas como Venezuela, Rusia y otros como Reino Unido.

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A diferencia de lo que se menciona en algunos escenarios del mundo cripto, la UIAF sí tiene cifras internas que indican que los criptoactivos tienen una alta permeabilidad de actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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Con eso en mente, las autoridades colombianas tienen identificados a 75 exchanges que permiten operaciones con criptos y en los cuales se negoció $1 billón durante todo el 2021.

Buscando que los reportes de esa gran cantidad de operaciones se hagan de parte de los exchanges, la UIAF ha realizado siete mesas técnicas con los representantes de esas empresas buscando hacer el proceso de manera consensuada y recalcando la necesidad de hacer los procesos de conocimiento del cliente y revisión de antecedentes de temas como lavado de activos.

Entre los objetivos de ese trabajo mancomunado entre el Gobierno y los exchanges de criptomonedas se busca informar a los usuarios los riesgos de fraude, estafa y legalidad.

Así mismo, la UIAF y en general las autoridades colombianas hacen seguimiento a todo tipo de operaciones que se ejecutan en las plataformas de criptomonedas tales como, por ejemplo, los acuerdos denominados P2P (peer to peer) que se llevan a cabo entre personas que acuerdan un precio de compra y venta directamente entre ellas con métodos de pago como Nequi, Daviplata o transferencias bancarias.

En ese trabajo de las autoridades colombianas se están procesando 17 millones de datos en búsqueda de posibles alertas de operaciones sospechosas.

Colombia cambia fecha para que exchanges de criptomonedas reporten operaciones de usuarios

Ese análisis de la UIAF, por ejemplo, se basa en los reportes que los exchanges deben hacer cada mes sobre las operaciones ejecutadas por sus clientes.

Finalmente, se declaró de parte de la entidad que las empresas que han comenzado a recibir pagos con criptomonedas por sus productos y servicios deben reportarlos ante las autoridades colombianas si están cobijada por la regulación local.

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