El Gobierno de Venezuela suspendió este jueves las relaciones económicas con un grupo de funcionarios panameños incluyendo al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y a la vicepresidenta de ese país, Isabel de Saint Malo, así como con 46 empresas del país centroamericano.
La lista de empresas la integran nombres como la Compañía Panameña de Aviación (Copa Airlines), Yamaha Music Latin América, LG Electronics Panamá, Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre, Inteligo Bank, Banco Banistmo, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex, Pan Colombia Travel, entre otros.
A través de una resolución conjunta de los ministerios de Comercio Exterior e Inversión internacional, Interior y Justicia, y Economía y Finanzas, se acordó la toma de estas medidas por «el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público».
Venezuela ordena «la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con los sujetos nacionales de la República de Panamá (indicados en una lista) sobre la base del principio de precaución y como medida de protección» de su sistema financiero, económico y comercial.
Venezuela presume que se han cometido «delitos de delincuencia organizada, al amparo de lo que pareciera ser la conveniencia del gobierno panameño y la opacidad de su sistema financiero, y con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país».
Por ello, la Administración de Nicolás Maduro resolvió suspender las relaciones comerciales con los señalados durante 90 días prorrogables por iguales períodos sucesivos y establecer controles «que permitan mayor efectividad de los mecanismos de prevención, control, detección y sanción contra los delitos de delincuencia organizada».
El texto de la resolución difundido por el canal estatal VTV señala que la inclusión de estas personas naturales y jurídicas «obedece al riesgo inminente que representan para el sistema financiero nacional, la estabilidad de la actividad comercial del país y la garantía de soberanía e independencia económica».
Entre los señalados están personas que trabajan para la Administración de Varela como Álvaro Alemán, María Luisa Romero, Dulcidio de la Guardia y Marcela Paredes de Vásquez.
La semana pasada, la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), publicó una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un «alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».
Además de Maduro, en esa lista se encuentran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el líder histórico del chavismo Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab y algunos ministros, entre otros.
La resolución que contiene la lista, que incluye además 16 empresas, indica que «se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada», informó EFE.
