Este viernes terminó la mesa técnica convocada para revisar y reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que gira el Estado a las EPS por cada afiliado al sistema de salud. El espacio, ordenado por la Corte Constitucional, reunió al Ministerio de Salud y a diferentes actores del sector para evaluar si los recursos son suficientes o requieren ajustes.
El viceministro de Salud, Luis Martínez, señaló que los insumos recopilados serán entregados a la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas, que definirá si existe rezago en la financiación.
No obstante, de acuerdo con Acemi, gremio de las EPS, el Gobierno anticipó su conclusión: dijeron que no hay evidencia de déficit en la UPC ni posibilidad de hacer ajustes retroactivos. Para la cartera, los cálculos de años anteriores se hicieron con la mejor información disponible y revisarlos hoy equivaldría a “premiar la ineficiencia”.
Acemi, fue aún más contundente: acusó al Ministerio de reducir el mandato de la Corte a un “ejercicio político” y de bloquear un debate técnico y transparente.
La posición de Acemi
En un documento, la asociación resumió cinco puntos clave:
- Crisis financiera comprobada: por cada $100 reconocidos por la UPC, el sistema gasta $109, lo que ha generado un déficit entre $26 y $33 billones en el periodo 2021-2024.
- Calidad de la información: cerca de $13,7 billones en gastos no fueron incluidos en los reportes oficiales por fallas en el diseño de los mecanismos de reporte del Ministerio.
- Siniestralidad en aumento: indicadores oficiales muestran que el sistema no logra cubrir los costos de atención, lo que compromete la sostenibilidad de las EPS.
- Severidad de los costos: el Ministerio ha subestimado la inflación médica, lo que habría restado $10,1 billones a la financiación del sistema en los últimos tres años.
- Inclusión de nuevas tecnologías: el gasto real en el Plan de Beneficios en Salud fue más del doble del proyectado, con un déficit de $511.000 millones en 2024.
Para el gremio desconocer estas cifras “es dilatar una decisión urgente que la Corte ordenó corregir” y pone en riesgo la atención de millones de pacientes.
La Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas tendrá ahora la última palabra, pero la brecha entre el Gobierno y los actores del sistema deja en evidencia que la discusión sobre la UPC apenas comienza.
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