La Procuraduría General de la Nación confirmó este lunes la inhabilidad y multa de $33.500 millones a los exdirectivos de Odebrecht en Colombia, Eder Paolo Ferracuti y Eleuberto Antonio Martorelli, “por crear un entramado en la Concesionaria Ruta del Sol para apropiarse de recursos públicos”.
La entidad de control aseguró que la inhabilidad será por 20 años, mientras que la sanción monetaria se dividirá en dos. Es decir, cada uno deberá pagar más de $16.756 millones. Lea más en Noticias Empresariales.
Ferracuti fue nombrado como presidente y representante legal de la sociedad en diciembre de 2010, condición bajo la cual perfeccionó un contrato falso en el que autorizó al contratista a realizar pagos por un valor neto cercano a los $10.000 millones con cargo a recursos públicos
“Con esta conducta utilizó indebidamente recursos de naturaleza pública, permitiendo su apropiación por un tercero”, dijo la entidad.
En el caso de Martorelli, la Procuraduría estableció que, como miembro principal de la Junta Directiva de la concesión, falsificó el acta de la reunión del 21 de febrero de 2014.
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El directivo incluyó en una primera versión falsa la aprobación unánime de una autorización para la compañía Profesionales de Bolsa, con el objeto de brindar asesoría encaminada a prestar alternativas de financiación y apoyo a la banca de inversiones Corficolombiana.
“Lo anterior, quedó probado con los testimonios de los señores Miguel Eduardo Vargas y Gustavo Antonio Ramírez, miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol SAS, quienes manifestaron que no se discutió, el 21 de febrero de 2014, la autorización para contratar la firma antes mencionada”, sostuvo la Procuraduría.
El ente de control también recordó que el controller de la concesión, Jorge Enrique Pizano, alertó sobre la no existencia de informes o soportes entregables del contrato suscrito entre la sociedad y Profesionales de Bolsa.
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También hacen parte del material probatorio los correos electrónicos que se cruzaron los disciplinados, en los cuales se evidenció el acuerdo para falsificar el documento y dar apariencia de contratar la firma Profesionales de Bolsa S.A.
“Todas las pruebas apreciadas y valoradas en forma integral permiten concluir que el contrato que se dice se suscribió con la compañía antes mencionada nunca se ejecutó, porque tenía como principal objetivo apropiarse de los recursos públicos que se estaban recaudando a través de los peajes y defraudar así al Estado”, señaló la Procuraduría.
Ante el argumento de la defensa sobre la falta de competencia para disciplinar a los exdirectivos, recordó que el recaudo de los peajes entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar) son de la Nación o en su defecto de los entes territoriales.
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Frente a la administración de recursos públicos, “estos deben destinarse a unos fines específicos y, en consecuencia, no entran inmediatamente al patrimonio de los particulares que los administren, pese a que son recaudados y entregados al mismo”.
El ente de control calificó la falta de los exdirectivos de Odebrecht en Colombia como gravísima a título de dolo.
De otro lado, en fallo de primera instancia, la Procuraduría absolvió de los cargos formulados al entonces miembro de la Junta Directiva de la concesionaria, Alberto Mariño.
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