Una auditoria de la Contraloría al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) determinó que la entidad recibió un menos valor en un contrato de venta de cartera.
En una auditoría financiera, la Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal por $38.849 millones en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), por haber recibido un menor valor en un contrato de venta de cartera judicializada. Vea más noticias políticas.
En la auditoría, realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras, se establecieron 82 hallazgos administrativos, así:
- 7 hallazgos fiscales, en cuantía total de $41.625 millones
- 13 hallazgos disciplinarios
- 28 hallazgos que dan lugar a indagaciones preliminares
- Y se obtuvo un (1) beneficio de auditoría en cuantía superior a los $40 millones
Hallazgo fiscal por contrato de venta de cartera
El hallazgo por $38.849 millones hace referencia al menor valor recibido por el FNA en un contrato de venta de cartera judicializada suscrito por esta entidad con la firma Disproyectos en noviembre de 2017.
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La Contraloría estableció que en el mencionado contrato se pactó un precio de venta sin tener en cuenta las normas internas establecidas en el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito SARC V34, que establece los criterios a considerar en este tipo de operaciones.
El hallazgo concluye que la cesión de derechos de cartera judicializada realizada por el FNA generó las siguientes situaciones:
Un daño al patrimonio público por 38.849.387.793 pesos derivado de una diferencia entre el valor de la venta estipulada en la cláusula quinta del contrato de compraventa por 68.435.504,626 pesos frente al valor determinado por el equipo auditor luego de aplicar los criterios establecidos en el Manual SARC V34, el cual asciende a 107.284.892.419 pesos.
Desde el punto de vista de las garantías, el FNA cambió 2.087 créditos de cartera judicializada respaldado en hipotecas que habían sido evaluadas y consideradas satisfactorias, para cambiarlo por un activo (cuenta por cobrar) de 68.435.504.626 pesos concentrado en un (1) sólo deudor, que tenía al 30 de enero de 2017 un capital pagado de 3.844’735.080 pesos, y que respaldaba la obligación en un Fondo de Reserva constituido a través de un patrimonio autónomo, el cual a 31 de diciembre del 2021 está sin recursos para cubrir las cuotas en mora de la firma Disproyectos.
Adicionalmente, el capital suscrito y pagado del comprador no respalda el negocio jurídico contenido en el contrato de compraventa dado que el precio de compra supera 17.79 veces el capital pagado de la sociedad. •
El contrato de compraventa contraviene el artículo 1502 de Código Civil Colombiano, en el sentido de haberse estipulado cláusulas que generaron un detrimento patrimonial de los recursos públicos del FNA. De acuerdo con la normativa del FNA, el precio del contrato no era objeto de negociación por cuanto el manual SARC V34 definía la forma de calcular el precio de venta, el cual finalmente se circunscribía al saldo en libros o al saldo contable, dependiendo del avalúo comercial realizado.
Para la Contraloría, el hecho de consagrar una cláusula en el que se reconoce un valor inferior al que se encuentra como cartera vencida, configura un menoscabo a los recursos públicos. El Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito SARC V34 precisa que “Las garantías son un mecanismo de seguridad o forma de protección para el FNA ante la eventualidad de que el deudor incumpla con la(s) obligación(es) adquirida (s)…”.
Respuesta del FNA
En respuesta a la información dada a conocer por la Contraloría, el Fondo Nacional del Ahorro, FNA, manifestó que esa situación ya había sido informada desde 2017.
“En relación a la noticia difundida hoy en diferentes medios, sobre el hallazgo fiscal que la Contraloría General de la República formuló al Fondo Nacional del Ahorro por la venta de cartera a Disproyectos en noviembre de 2017, que efectivamente, como lo ha informado en otros escenarios, este hallazgo responde a las múltiples denuncias que sobre el caso viene presentando esta administración, desde 2019, ante dicho ente de control, así como ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, al evidenciar las presuntas irregularidades del negocio; autoridades que ya han tomado determinaciones que son de conocimiento público”, indicó.
La entidad señaló que: “Así mismo, la Administración actual procedió a demandar la nulidad del contrato ante un Tribunal de Arbitramento y ha tomado las medidas contractuales procedentes frente a los incumplimientos de Disproyectos, como el relacionado con el Fondo de Reserva, con el fin de preservar el activo mientras dicho tribunal toma una decisión definitiva”.
