El proceso de reorganización de Canacol avanza con una decisión trascendental para su operación, aunque se mantiene la expectativa de venta de la compañía.
Si bien la gasífera ya había recibido el visto bueno para terminar contratos sin entrar en detalles de cuáles serían o el impacto en su negocio, Canacol ya solicitó formalmente la autorización para terminar o modificar varios contratos estratégicos de suministro y transporte de gas en Colombia.
La solicitud fue presentada por Jason Bednar, director financiero y co-CEO interino de la compañía, quien argumentó que varios de estos contratos se han convertido en obligaciones financieramente insostenibles debido a la caída en producción y a las penalidades acumuladas por incumplimientos.
Según el expediente judicial, en la Corte del Rey de Alberta, en Canadá, los contratos bajo revisión involucran empresas distribuidoras de gas residencial, clientes industriales y operadores de infraestructura de transporte.
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Qué contratos busca terminar Canacol
Los documentos radicados ante la Corte dividen los contratos en tres grandes grupos. El primero corresponde a contratos de suministro de gas (offtake agreements) firmados con distribuidoras del mercado regulado y clientes industriales en Colombia.
Entre las compañías mencionadas aparecen varias filiales y vinculadas a Promigas, además de otros actores del sector como: Surtigas, Gases de La Guajira, Gases del Caribe, Gases del Oriente, la minera South32 (Cerromatoso) y Enel Colombia.
Estos contratos obligan a Canacol a entregar volúmenes mínimos diarios de gas incluso si la producción cae, situación que terminó generando penalidades por incumplimientos de entrega.
El segundo grupo corresponde a contratos de transporte de gas con Promigas bajo modalidad “ship-or-pay”, esquema mediante el cual la empresa debe pagar capacidad reservada en gasoductos aunque no utilice toda la infraestructura contratada.
Dentro de estos acuerdos también existe un contrato fiduciario que prioriza pagos hacia Promigas antes que otros acreedores, situación que, según Canacol, está presionando aún más su liquidez.
El tercer contrato bajo revisión corresponde a un acuerdo con Canaven relacionado con transporte, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL) destinado a la zona de Cúcuta.
La petrolera sostuvo que este contrato pierde sentido económico si simultáneamente se terminan los contratos de suministro asociados a esa operación.
Compromisos superarían los US$700 millones
El expediente judicial muestra que la exposición potencial asociada a estos contratos supera los US$700 millones entre multas acumuladas, nuevas penalidades proyectadas y costos estimados de terminación anticipada, según cálculos presentados por la propia compañía.
En el caso de los contratos de suministro de gas, Canacol calculó una exposición cercana a US$380,4 millones. Ese monto incluye:
- US$33,7 millones en penalidades acumuladas hasta marzo de 2026
- Otros US$59,4 millones proyectados entre abril y junio
- Aproximadamente US$287,3 millones asociados a cláusulas de terminación anticipada.
El expediente además divide esa exposición entre contratos comerciales e industriales, que representarían cerca de US$214,3 millones, y contratos regulados o residenciales, con aproximadamente US$166,1 millones.
Por su parte, las penalidades estimadas por terminar anticipadamente contratos de transporte con Promigas alcanzarían cerca de US$348,3 millones al 15 de mayo de 2026.
La caída en producción agravó el deterioro financiero
Canacol atribuyó la situación a una combinación de problemas operacionales, agotamiento natural de campos maduros y resultados exploratorios inferiores a los esperados.
Según el expediente, uno de los factores más relevantes fue el desempeño del pozo Monstera, que produjo por debajo de las expectativas de la compañía.
La petrolera también reportó retrasos en llegada de equipos de perforación y reacondicionamiento de pozos (workover), así como menores niveles de producción en varios activos estratégicos.
Inicialmente, Canacol proyectaba producir cerca de 146 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) de gas a comienzos de 2026. Sin embargo, los niveles reales terminaron significativamente por debajo de esas estimaciones.
En enero de 2026, la producción estuvo 6,8 % por debajo de las proyecciones internas de la empresa y en febrero la diferencia negativa aumentó hasta 17,8 %.
De acuerdo con el monitor judicial KPMG, “los resultados de producción e ingresos del grupo Canacol no han sido los proyectados”, situación que deterioró simultáneamente la liquidez y la capacidad de cumplir contratos vigentes.
Acreedores condicionaron nuevos desembolsos
La rescisión de estos contratos también quedó ligada directamente al financiamiento DIP (deudor en posesión), mecanismo utilizado para sostener operaciones durante procesos de insolvencia.
Según el expediente, los acreedores condicionaron nuevos desembolsos a que Canacol iniciara solicitudes judiciales para modificar o terminar parte de estos contratos.
La empresa busca ampliar este financiamiento desde US$67 millones hasta US$112 millones mediante un nuevo tramo adicional de US$45 millones.
Tanto Canacol como KPMG sostuvieron ante la Corte que sin esos recursos la compañía podría comprometer la continuidad operacional y afectar el proceso competitivo de venta de activos que adelanta actualmente.
El expediente agrega que potenciales compradores consideran que los activos de la empresa serían menos atractivos si permanecen ligados a contratos rígidos de suministro y transporte, acompañados de penalidades multimillonarias y necesidades inmediatas de inversión en producción.
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