La Corte canadiense, en Alberta, avaló la solicitud de Canacol para dar por terminados sus contratos de suministro de gas en Colombia. Esta empresa es la mayor compañía privada de la industria del gas en el país. Cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos señalaron que concentra 8 % de la producción nacional del energético.
Sin embargo, esto no impidió que la autoridad judicial canadiense autorizara la terminación de los contratos de suministro. Lo anterior se dio porque la compañía entró en un proceso de reestructuración en 2025, con la finalidad de sanear sus finanzas y protegerse frente a sus acreedores. Ahora la decisión quedará en manos de la Superintendencia de Sociedades, organismo que definirá si acepta en Colombia las medidas adoptadas por Canacol.
Según lo manifestó la firma de abogados Serrano Martínez CMA, la decisión del tribunal deberá pasar por la revisión de la Superintendencia de Sociedades. El fallo de la justicia canadiense no tiene efectos inmediatos en Colombia, ya que el país se rige por sus propias normas y la decisión requerirá una revisión local por parte de las autoridades.
En entrevista con este medio en mayo de 2026, José Plata, socio encargado del área de energía de Serrano Martínez CMA, explicó que la Corte canadiense tomó la decisión sin considerar las condiciones del mercado colombiano ni los impactos sobre este servicio público. Sin embargo, indicó que será la SuperSociedades la que deberá apoyarse en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) e incluso la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para tomar la decisión final.
Añadió que uno de los principales riesgos es que Canacol venda su gas a precios más altos, lo que tendría efectos sobre las tarifas para los consumidores y sobre los subsidios que asume el Estado para los estratos 1, 2 y 3. A esto se suma que Colombia enfrenta un déficit estructural de gas, por lo que ha requerido importaciones y cerca de un tercio de la demanda local proviene del exterior, según la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).
“Si la Superintendencia de Sociedades, rodeada de las autoridades del sector, no adopta la medida, Canacol seguiría obligada a cumplir con sus contratos”, aclaró el abogado en la entrevista realizada en mayo.
También afirmó que, si las autoridades colombianas no se articulan y finalmente autorizan la suspensión de los contratos de gas, esto podría generar una crisis de abastecimiento, suspensiones en el servicio público, aumentos en las tarifas y un impacto sobre la economía por las implicaciones que tendría para los sectores residencial e industrial.
Implicaciones para algunos actores del sector industrial
Una de las empresas que ha expresado su preocupación frente a este asunto es Cerro Matoso, productora de ferroníquel en Colombia y presidida por Ricardo Gaviria. La compañía manifestó que dicho aval, en caso de aplicarse en Colombia, haría inviable su operación por la terminación de los contratos de suministro de gas.
“Es importante recordar que Canacol venía suministrando 82 % del gas natural que la empresa requiere para operar. En las últimas semanas, Canacol ha venido unilateralmente disminuyendo las entregas contempladas en el contrato e imponiendo restricciones que ponen en riesgo la operación. Este recurso es un insumo irreemplazable dentro del proceso productivo del ferroníquel, sin el cual resulta imposible mantener los equipos en funcionamiento”, agregó la compañía.
Asimismo, señaló que, si Canacol no cumple con sus obligaciones contractuales, la operación tendría que detenerse y sería necesario apagar equipos críticos, particularmente dos hornos, lo que provocaría daños irreversibles. La recuperación de estos activos tomaría más de 10 meses de inactividad y tendría un costo de entre $550.000 millones y $730.000 millones por cada horno.
Cerro Matoso agregó que cuenta con 21 días de plazo para apelar la decisión y solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia para que se revoque la medida adoptada por el juez. La compañía aseguró que acudirá a todos los mecanismos jurídicos disponibles para garantizar la continuidad de su operación.
Añadió que el cese de sus actividades pondría en riesgo el empleo de 2.000 trabajadores, afectaría a 50.000 personas y a 25 comunidades vecinas, a las cuales, según la empresa, destinó $10.600 millones en inversión social durante 2025. Agregó que el impacto económico para Colombia sería dejar de recibir $3.000 millones diarios por concepto de regalías, impuestos y compra de bienes y servicios.
Finalmente, la empresa hizo un llamado urgente a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía y al Gobierno Nacional para que actúen conforme a la normativa colombiana y respalden la continuidad de sus operaciones en Córdoba.
