La decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto ha generado una fuerte ola de críticas desde diversos sectores políticos, jurídicos y académicos.
Las voces coinciden en advertir sobre un posible desconocimiento del equilibrio de poderes y una vulneración a la institucionalidad.
La controversia surgió luego de que el presidente anunciara públicamente su intención de emitir el decreto antes del 12 de junio, amparado en el argumento de que el Senado incurrió en “varios vicios de inconstitucionalidad” durante el debate de este proyecto.
Críticas al gobierno Petro por insistir en consulta popular
Sin embargo, varios expertos en derecho constitucional han desestimado esta interpretación y advierten sobre graves implicaciones legales y democráticas.
“Los vicios de inconstitucionalidad no los decide el presidente, tampoco los vicios en el trámite. Eso le corresponde a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado”, afirmó el abogado penalista Iván Cancino.
“Cualquier autoridad que dé trámite a una consulta popular vía decreto le está fallando a la Constitución misma, al pueblo y al país. Está prevaricando, con dolo”, añadió.
Incluso figuras como Humberto de la Calle, quien fue jefe del equipo negociador en el proceso de paz y exsenador, expresaron su preocupación por lo que consideran un intento del Ejecutivo de eludir al Congreso y debilitar la democracia representativa.
“Esto es un golpe de Estado, y no tan blando. La consulta debe pasar por el Congreso, no hay atajos legítimos”, dijo en entrevista con El Tiempo.
De la Calle agregó que, si bien jurídicamente es posible que el Senado revise de nuevo un tema previamente negado, la ruta institucional está en tramitar los cambios que desea el Gobierno —como la reforma laboral— a través de los canales legislativos.
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La discusión también ha escalado al ámbito político. Efraín Cepeda, presidente del Congreso, fue enfático: “No se puede acudir al pueblo sin el permiso del Senado, y el Senado no lo dio. No creo que la Registraduría se preste para una consulta espuria como esa”.
Desde el sector académico, el rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó la decisión como un “golpe de Estado” y pidió impedirlo “por los medios necesarios y posibles”.
Por su parte, el abogado Julián Quintana, calificó la decisión como “una locura” y aseguró que no hay base legal para avanzar sin el consentimiento del Senado.
“Gustavo Petro va a pisotear la Constitución. Los asesores del presidente pretenden homologar el trámite de una consulta con el de un proyecto de ley, lo cual es jurídicamente insostenible”, explicó.
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