En Colombia, las altas cortes -particularmente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado- se han convertido en un contrapeso al Gobierno de Gustavo Petro.
La decisión más reciente llegó este miércoles, 8 de mayo de 2024. Ese día, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidente Francia Márquez.
La Corte, que revisa la concordancia de las normas con lo dictado por la Constitución, consideró que el Congreso, al aprobar la Ley 2281 de 2023, no tuvo en cuenta su impacto fiscal, un vicio insubsanable. Así, el Legislativo violó el artículo 151 de la Constitución,
Al tumbar al Ministerio de Igualdad, la Corte Constitucional también resolvió diferir los efectos del fallo por un periodo de dos años. Es decir, no se aplicará de inmediato por el impacto que tendría en “la implementación de la política pública que ha sido diseñada para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional”.
Sin embargo, esta no es la única decisión. Las altas cortes también han tenido un protagonismo en la continuidad de propuestas claves del Gobierno de Gustavo Petro. Han intervenido en iniciativas como la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y el decreto de emergencia en La Guajira.
Valora Analitik presenta algunos de los principales casos que han enfrentado a Petro y a las altas cortes.
Las decisiones de altas cortes que han impactado al Gobierno de Petro
Decreto de emergencia
En marzo del año pasado, Gustavo Petro anunció la declaratoria de emergencia social y económica en La Guajira.
A través de la declaratoria, el presidente Petro firmó 13 decretos con fuerza de ley que cubrían una amplia variedad de temas, desde la protección de las fuentes hídricas, la reactivación del turismo, la recuperación de las salinas marítimas de Manaure, la implementación de la reforma de salud en el departamento, entre otros.
Sin embargo, en octubre del año pasado, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto de declaratoria de emergencia. La decisión fue con efecto diferido por un año, es decir, hasta el 2 de julio de 2024). El llamado del alto tribunal fue que el Gobierno y el Congreso ejerzan las competencias constitucionales y legales para atender la crisis humanitaria en La Guajira.
Desde entonces, y hasta marzo de este año, se declararon inexequibles los 13 decretos.
Deducibilidad de las regalías
La Corte Constitucional también intervino en la reforma tributaria aprobada en noviembre de 2022. En ella, un artículo prohibía que las regalías se tuvieran en cuenta para calcular el impuesto de renta de empresas que explotan recursos del subsuelo. Es decir, a mineras y petroleras. Con esa norma, el Gobierno apuntaba a una recaudación de entre $2 billones y $5 billones anuales.
Desde el sector se argumentó que las regalías debían deducirse del impuesto en la renta al ser una contraprestación pagada por las empresas. El alto tribunal acogió dicho argumento y tumbó el artículo. Se espera que en los meses la Corte se pronuncie sobre el incidente de impacto fiscal presentado por el Gobierno para mantener el recaudo ya logrado por retenciones.
Devolución del Plan Nacional de Desarrollo
En abril pasado, la Corte Constitucional también resolvió que el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) deberá volver al Congreso para subsanar vicios de trámites.
“La no publicación el día anterior a la aprobación del articulado conciliado en la ley del Plan Nacional de Desarrollo es un vicio de trámite. Bajo estrictos criterios, puede subsanarse en aplicación del parágrafo del artículo 241 de la Constitución”, indica el comunicado de la Corte.
Llamado sobre la CREG
La Corte Constitucional no es el único alto tribunal que ha actuado frente a decisiones del Gobierno de Colombia. También lo hizo, recientemente, el Consejo de Estado.
Este le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que proceda a la designación, “cuanto antes”, de los seis comisionados que faltan en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
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El máximo tribunal de lo contencioso administrativo tomó la decisión, en segunda instancia, al resolver una apelación presentada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenará el nombramiento de los funcionarios el pasado 25 de enero.
“La Sala comparte la conclusión mayoritaria del Tribunal de primera instancia en tanto que el presidente de la república debe nombrar las plazas que resulten vacantes de manera permanente por el periodo que señala disposición ‘períodos de cuatro (4) años‘, con el fin de no dejar en incertidumbre la función regulatoria que la CREG tiene a su cargo”, indica el fallo de la Corte.
En marzo de 2023, además, el Consejo de Estado también suspendió el decreto con el que el presidente Gustavo Petro buscaba tener autonomía para tomar decisiones sobre tarifas de energía, una tarea de la Comisión.
Y han salido congresistas
Además, y aunque no son decisiones relacionadas directamente con el Ejecutivo, el Consejo de Estado también ha anulado elecciones de congresistas del Pacto Histórico, la coalición de izquierda con la que Petro llegó a la Presidencia de Colombia.
Las más sonadas fueron las de Roy Barreras (hoy, embajador en Londres) y de Alexander López (ahora director del Departamento Nacional de Planeación).
