El Gobierno Nacional tocó las fibras del sector energético nuevamente a través de un decreto que suspende el cobro de las tarifas de energía en zonas como Antioquia, La Guajira, Córdoba, Cesar, Sucre, Bolívar, Magdalena y Chocó para los afectados por la emergencia invernal. Pero la medida no se limita a esto: también suspende pagos asociados a la subejecución de iniciativas de inversión y a la reducción de pérdidas de los operadores en la red.
Para los analistas, esta iniciativa gubernamental tiene un propósito legítimo: proteger a los usuarios, principalmente los más afectados. Sin embargo, señalaron que hay disposiciones que van más allá del alivio a los usuarios, como la suspensión de efectos asociados a la ejecución de inversiones de los operadores de red y la habilitación de un régimen tarifario especial que permite el traslado de recursos de varios fondos para atender la emergencia.
Además, Iván Arroyave, banquero de inversión y experto en el sector, manifestó que las medidas pueden ser útiles para la gestión de crisis en las zonas afectadas, pero al mismo tiempo introducen ajustes en la forma en que funciona el rubro económico del sector eléctrico, normalmente regulado vía legislativa o normativa.
“El debate no es tanto si el objetivo es válido, sino cómo se equilibran las soluciones de corto plazo con la estabilidad de las reglas del sector. No es necesariamente un decreto negativo, pero introducir cambios de este tipo requiere una revisión cuidadosa para evitar efectos no deseados sobre la inversión y el funcionamiento del sistema”, indicó.
Cabe señalar que este decreto no suspende el cobro de tarifas generales de energía, sino que aplica únicamente a los usuarios damnificados cuyos inmuebles fueron afectados. Solo en esos casos no se podrá facturar el servicio hasta que el inmueble funcione correctamente y haya garantía de que el servicio se presta de manera segura. El resto de los usuarios seguirá pagando sus tarifas y recibiendo el servicio normalmente.
Uno de los puntos de consenso entre los analistas es que las acciones del gobierno son entendibles y buscan dar solución a los problemas de la ola invernal. Sin embargo, también pueden representar un riesgo para el sector, como indicó Julio César Vera, presidente de XUA Energy.
“Paradójicamente, espero que esto no se vuelva otra opción tarifaria como la del Covid-19, con todas las discusiones e implicaciones que significó y que fueron tan criticadas. Estas medidas afectan a comercializadores como Air-e y Afinia, sumándose a las dificultades que ya enfrentan y pudiendo complicar aún más su situación”, dijo.
Cabe recordar que la opción tarifaria fue un mecanismo implementado durante la pandemia para permitir tarifas más asequibles. Sin embargo, en lugar de ser una solución a largo plazo, se convirtió en un problema estructural del sector, generando una deuda de enormes proporciones. Según cifras de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la deuda por opción tarifaria alcanza $2,4 billones.
Por otro lado, Vera señaló que si los recursos de los fondos eléctricos se invierten a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD), se espera que se utilicen efectivamente en el sector y no terminen en otros escándalos de gestión de recursos.
En este contexto, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, recordó que otros decretos gubernamentales, como la imposición de transferencias adicionales de 2 % a las ventas brutas de energía, tanto a generadoras térmicas como hidroeléctricas afectadas por la ola invernal, pueden complicar la situación.
Acosta reiteró que, particularmente respecto a los impuestos que presionan a las empresas de energía, el gobierno no debería tomar decisiones discrecionales sobre la remuneración de estos agentes, pues alteran las señales regulatorias previamente establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Por ahora, la medida gubernamental está en firme. Las regiones y las empresas que operan en los departamentos mencionados podrán, según indicó el Ejecutivo, ponerse al día con sus planes de inversión, recuperar el esquema tarifario para mejorar el servicio y reducir las pérdidas de energía. La CREG deberá adoptar las regulaciones necesarias para avanzar en este propósito.
Destacado: Consorcio chino se quedó con proyecto de cobre El Alacrán en Córdoba
Finalmente, se señaló que si un comercializador se acoge a la aplicación de tarifas con diferenciación, deberá informarlo al Ministerio de Minas y Energía, a la CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos, y reportar mensualmente los cálculos de soporte y la aplicación de dichas diferenciaciones.
