La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) lanzó una advertencia tras el cierre de la consulta pública del polémico decreto del Ministerio del Trabajo que busca restringir la tercerización laboral y el funcionamiento de las Empresas de Servicios Temporales (EST).
Según el gremio, la propuesta recibió 2.895 comentarios, la cifra más alta registrada en 2025 para un proyecto de esta cartera, lo que constituye un “récord histórico de rechazo ciudadano”.
El gremio alertó que ninguna de las 28 normas que el MinTrabajo ha sometido a consulta este año había generado un volumen de participación similar. Para la ANDIi, este nivel de respuesta refleja la preocupación transversal entre trabajadores formales, microempresarios y expertos jurídicos frente a los posibles efectos del decreto.
El punto crítico, según el sector empresarial, es la imposición de un tope del 10 % a la contratación temporal y la eliminación de flexibilidades para enfrentar picos de producción. De mantenerse el texto, se podría producir —advirtió la ANDI— “una reducción abrupta de hasta 500.000 empleos formales”, particularmente en un mes de alta demanda laboral como diciembre.
La ANDI reiteró la alerta que han planteado abogados laboralistas: el Ministerio no puede introducir vía decreto restricciones que el Congreso descartó en la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral).
“El Gobierno no puede usar un decreto para modificar leyes vigentes ni para restringir la libertad de empresa más allá de lo que dice la ley. Estos 2.895 comentarios son una notificación de que el decreto no cuenta con apoyo popular y, de expedirse así, nacería viciado de nulidad”, afirmó el analista David Zapata.
Gremio pide corregir
La ANDI hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que revise a fondo las observaciones ciudadanas presentadas en SUCOP. Ignorar casi 3.000 advertencias —advirtió el gremio— sería un error político y una vulneración del principio de participación democrática en la construcción de normas.
El gremio concluyó que el Gobierno debe ajustar el decreto para evitar un daño estructural al empleo formal, particularmente en sectores que dependen de esquemas de contratación temporal para operar sin acudir a la informalidad.
