Julio César Yepes Restrepo, abogado que demanda la nulidad electoral contra Jorge Andrés Carrillo por su elección como presidente de ISA, pidió al Consejo de Estado que tome cartas en el asunto.
Según él, dos empresas clave —Profinvest y Korn Ferry— no han entregado la información completa o lo han hecho con contradicciones, lo que dificulta el avance del proceso de la investigación.
Su solicitud surge tras los oficios del 22 de octubre de 2025, mediante los cuales el alto tribunal requirió documentos clave para esclarecer la experiencia laboral de Carrillo y el proceso de selección que terminó en su nombramiento.
Yepes Restrepo asegura que Profinvest S.A., empresa en la que Carrillo habría trabajado en 2009, entregó respuestas contradictorias durante el proceso.
Según expone, primero negó el acceso a la información por supuesta reserva legal; luego reiteró ese argumento ante un juez de tutela; y posteriormente afirmó ante el Consejo de Estado que no podía entregar los documentos porque no reposaban en su poder.
El abogado sostiene que esta conducta ha entorpecido la búsqueda de pruebas y solicita investigar y sancionar a su representante legal de Profinvest, Gustavo Enrique Ardila Gómez, además de compulsar copias por posibles delitos contra la administración de justicia.
En el caso de Korn Ferry, firma que acompañó el proceso de selección del presidente de ISA, el demandante advierte que su respuesta del 21 de noviembre de 2025 tampoco cumple con lo ordenado por el Consejo de Estado.
La empresa habría argumentado que varios documentos están sujetos a reserva por contener hojas de vida, historial laboral de los candidatos del proceso y que representan secreto empresarial.
Sin embargo, el peticionario recuerda que la ley colombiana establece que la reserva no es oponible ante la autoridad judicial y que la información debe ser entregada cuando media una orden. Agrega que el expediente cuenta con testimonios y actas que evidencian que Korn Ferry sí emitió recomendaciones y documentos esenciales para reconstruir el proceso de selección.
Por estas razones, el abogado solicita que el despacho requiera nuevamente a las empresas para obtener matrices de evaluación, informes, correspondencia, listas de candidatos y documentos producidos por Korn Ferry y por la firma Kroll, pues sin estos insumos el Consejo de Estado no podría determinar si la elección de Carrillo respetó los criterios y procedimientos estatutarios.
El peticionario reclama la intervención del despacho para superar las trabas de ambas empresas y asegurar que se alleguen al expediente las pruebas necesarias para resolver el fondo del proceso de nulidad electoral.
El caso Carrillo y EPM
De forma paralela, hay otro caso que tiene a Carrillo en el ojo del huracán. La Personería de Medellín arrancó a investigarlo por una denuncia interna del actual gerente de la entidad, John Maya Salazar.
En abril de 2024, al asumir el cargo, Maya advirtió que su antecesor no entregó un informe completo de gestión y que uno de los puntos críticos estaba en el proceso destinado a contratar servicios de vigilancia y seguridad privada del Grupo EPM por más de $73.744 millones.
En el pliego de cargos se señalan presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato y en el manejo de requisitos que debía cumplir la empresa oferente Su Oportuno Servicio Ltda. (S.O.S.). La investigación preliminar determinó que esta firma no presentó a tiempo el certificado del seguro de vida colectivo, un requisito obligatorio del pliego. Sin embargo, Andrés Felipe Mesa, entonces vicepresidente de riesgos de EPM, gestionó directamente ante la aseguradora MetLife el documento faltante, actuación que la Personería calificó como contraria a la ley de contratación estatal.
El documento señala que Mesa intervino sin competencia directa en etapas clave. El 1 de agosto de 2023 solicitó por correo modificar el análisis técnico para reincorporar a S.O.S., ya eliminada por incumplir requisitos. Esa modificación alteró el orden de elegibilidad y permitió que el nuevo informe técnico ubicara a S.O.S. en el primer lugar.
Carrillo, como superior jerárquico y presidente del Comité de Contratación, habría conocido esas actuaciones y no las impidió. Según el ente de control, su “anuencia y firma final” fueron determinantes para legitimar la contratación.
El pliego de cargos indica que el hoy presidente de ISA “se interesó indebidamente y aceptó la oferta”, configurando una falta gravísima cometida con dolo. Entre las pruebas figuran correos, testimonios, actas del comité de contratación y documentos de subsanación gestionados por EPM ante terceros.
