La Superintendencia Financiera de Colombia notificó la orden de suspensión inmediata de una operación de captación ilegal de recursos, en la que habrían resultado afectadas decenas de personas, con un monto que supera los $1.500 millones.
De acuerdo con la entidad, al menos 31 ciudadanos entregaron dinero a Jovany Andrés Taborda Aristizábal, quien presuntamente diseñó y promovió un esquema de inversión que ofrecía rentabilidades mensuales fijas entre el 2 % y el 4 %. Estas propuestas se difundían a través de redes sociales, páginas web y reuniones virtuales, lo que permitió ampliar su alcance y atraer a un número significativo de interesados.
La investigación estableció que los recursos eran recibidos mediante contratos de mandato y acuerdos de administración de dinero. Sin embargo, dichas figuras no contaban con un respaldo real en actividades económicas, bienes o servicios que sustentaran las utilidades prometidas. En la práctica, los inversionistas entregaban su capital con la expectativa de obtener rendimientos periódicos, sin que existiera una operación verificable que justificara esas ganancias.
Asimismo, el esquema estaría relacionado con varias sociedades: Fénix Group Consultores S.A.S., Fénix Inversiones y Valores S.A.S. y Fénix Private Investors Corporation. Estas compañías habrían sido utilizadas para dar una apariencia de formalidad y estructura empresarial, lo que contribuyó a generar confianza entre los aportantes y a facilitar la captación de recursos.
Como resultado de las actuaciones administrativas, la Superintendencia Financiera ordenó no solo la suspensión inmediata de la captación, sino también la devolución de los dineros obtenidos de manera irregular. De forma paralela, el caso fue trasladado a la Superintendencia de Sociedades, con el propósito de evaluar una posible intervención administrativa sobre las empresas involucradas.
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Adicionalmente, la información recopilada fue remitida a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones penales correspondientes y determine eventuales responsabilidades.
La autoridad financiera reiteró que, en Colombia, ninguna persona natural puede captar dinero del público sin autorización previa. Este tipo de prácticas, además de vulnerar la normativa vigente, compromete el patrimonio de los ciudadanos y afecta la confianza en el sistema financiero, por lo que instó a la población a verificar la legalidad de cualquier oferta de inversión antes de entregar recursos.
