El director general de la DIAN, Carlos Betancourt, reveló en entrevista con Valora Analitik los resultados del recaudo tributario para los primeros cinco meses de 2026.
Según el funcionario, los ingresos brutos que recibe la entidad vía impuestos alcanzaron los $139,3 billones con corte a mayo, lo que representa un crecimiento del 9,4 % en comparación con los $127,3 billones registrados en el mismo periodo de 2025.
Este resultado permitió que la entidad cumpliera su meta interna al 100,2 %, logrando incluso superar la proyección del Comité Autónomo de Regla Fiscal (CARF), que se situaba en $138,8 billones.
No obstante, Betancourt fue enfático al señalar que, aunque se están cumpliendo los objetivos, las metas se alcanzan «muy al ras» debido a una inercia de sobreestimación de cifras que se arrastra desde hace tres años.
Balance del recaudo neto y metas anuales
En cuanto al recaudo neto —que descuenta devoluciones y pagos con Títulos de Devolución de Impuestos (TID)—, la cifra llegó a $128,8 billones entre enero y mayo de 2026. Esto supone un crecimiento del 10,7 % frente a los $116,4 billones del año anterior.
Sin embargo, en este rubro la meta se cumplió al 99,9 %, con un ligero faltante de $164.000 millones para el objetivo propuesto.
Para el cierre de 2026, el director reconoció que la meta total se aterrizó y se sinceró en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, situándose en aproximadamente $289 o $290 billones.
El funcionario destacó que la gestión de la DIAN se ha centrado en hacer que las devoluciones sean «más limpias» para evitar fraudes y en manejar los saldos a favor de los grandes contribuyentes para reducir la brecha entre el recaudo bruto y el neto.
La necesidad de una reforma tributaria progresiva
Durante la entrevista, Betancourt desmintió que exista ya un texto definitivo para una nueva reforma tributaria, aunque confirmó que existen estimaciones, escenarios y un equipo técnico trabajando en ello junto al Ministerio de Hacienda.
Para el funcionario, la reforma es «prácticamente inevitable» debido a la rigidez del gasto público en Colombia, donde el 93 % del gasto es obligatorio (transferencias territoriales, seguridad social y servicio de la deuda), dejando un margen mínimo para recortes.
Por ello, defendió una reforma que sea progresiva y sostenible, enfocada en gravar más a quienes tienen altos patrimonios y rentas. Según explicó, este tipo de impuestos funcionan como estabilizadores automáticos, pues cuando la economía crece, el recaudo aumenta y «enfría» el sistema; por el contrario, si la economía cae, el recaudo disminuye dando un respiro al sector productivo.
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