Este viernes 3 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU recibió el informe trimestral de la Misión de Verificación sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.
La tensión entre Estados Unidos y Colombia también se hizo notar en este espacio, el país norteamericano criticó al presidente Gustavo Petro, y puso en duda si lo apoyaría o no.
El embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, tomó la palabra y advirtió que la polarización política en Colombia está afectando el progreso de la paz y cuestionó directamente la estrategia de seguridad del presidente Petro.
“Las medidas del gobierno colombiano siguen socavando las oportunidades de lograr una paz duradera. Las políticas en materia de seguridad son irresponsables: no se planifican, no se presupuestan y carecen de coordinación, lo que ha llevado a una mayor inestabilidad y violencia”, dijo Waltz.
El representante estadounidense también criticó la reciente visita de Petro a Nueva York, en la que, según afirmó, el mandatario hizo llamados “incendiarios” contra el ejército de Estados Unidos. Además, señaló que Washington revisa con cautela el mandato de la misión de la ONU, creada en 2017 para verificar la desmovilización de las FARC.
“El mandato se ha ampliado excesivamente hacia temas como justicia transicional y apoyo a minorías. Estados Unidos está evaluando si aún merece nuestro respaldo”, agregó.
Informe de la ONU: avances y alertas
El nuevo jefe de la Misión de Verificación, Miroslav Jenca, presentó por primera vez el reporte ante el Consejo. Agradeció la cooperación del gobierno colombiano y destacó avances en reforma rural, reinserción y justicia transicional.
Sin embargo, advirtió sobre retrasos en la implementación, problemas fiscales y un deterioro de la seguridad.
“El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay refleja los riesgos de violencia política de cara a las elecciones de 2026. No se pueden repetir actos atroces de este tipo”, alertó Jenca.
El informe también resaltó las primeras sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a exintegrantes de las FARC y de la Fuerza Pública, consideradas un “hito” en justicia transicional, aunque advirtió sobre la falta de capacidad estatal para garantizar su cumplimiento.
El apoyo a Colombia
China reiteró su respaldo al proceso de paz en Colombia y al presidente Gustavo Petro, al tiempo que llamó a todas las partes a mostrar mayor determinación para superar los retos pendientes.
Por su parte, representantes de Reino Unido, Grecia, Guyana, Corea del Sur, Panamá, Eslovenia, Pakistán y Francia subrayaron que las sanciones recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) constituyen un paso importante hacia la reconciliación, aunque insistieron en la necesidad de reforzar la seguridad de líderes políticos y sociales.
La embajadora de Dinamarca ante la ONU, Christina Markus Lassen, sostuvo que “ahora más que nunca, la misión sigue siendo una herramienta esencial del Consejo de Seguridad para garantizar el cumplimiento y fomentar la confianza”. Señaló que la inversión en servicios públicos y el reemplazo de economías ilícitas son fundamentales para consolidar la paz, rechazó los actos de violencia e instó a ampliar la presencia del Estado en las zonas de difícil acceso. Además, calificó como “históricas” las sanciones de la JEP.
En representación de Colombia, la embajadora Leonor Zalabata defendió la gestión del gobierno de Gustavo Petro, al igual que los demás países pidieron la renovación del mandato de la misión.
“El Acuerdo de Paz de 2016 sigue vigente. Bajo el liderazgo del presidente Petro hemos impulsado acciones estructurales que muestran avances concretos. La paz en Colombia no es solo un propósito nacional, es un bien público y global que entre todos debemos proteger”, afirmó.
El Consejo de Seguridad deberá decidir en las próximas semanas si extiende el mandato de la Misión de Verificación.
