En Colombia existen multas y prohibiciones de ingreso a los estadios para quienes protagonizan hechos de violencia en el fútbol. El problema aparece después de imponer la sanción: la mayoría de las obligaciones económicas no se recauda y tampoco existe todavía una herramienta nacional plenamente operativa que permita verificar en tiempo real quién tiene restringida la entrada a un escenario deportivo.
Entre 2019 y 2026 se generaron 893 obligaciones por concepto de estas multas, pero apenas 26 fueron recaudadas, según información entregada por el Ministerio del Deporte. Esto significa que cerca del 97 % no se hizo efectivo durante el periodo analizado.
Los datos fueron conocidos a partir de las respuestas oficiales entregadas en el marco de un debate de control político promovido por el representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo, quien pidió explicaciones sobre las fallas del sistema de seguridad y sanciones alrededor del fútbol profesional.
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“Se sanciona en el papel, pero no se cobra. Y si la sanción no se hace efectiva, el mensaje para el violento es que puede seguir actuando sin consecuencias”, cuestionó Salcedo.
Multas de hasta $175 millones por violencia en el fútbol que difícilmente se hacen efectivas
El Ministerio del Deporte reportó 759 personas sancionadas entre 2019 y 2026, mientras que las obligaciones económicas registradas durante esos años llegaron a 893.
La propia entidad reconoció varias dificultades para hacer funcionar el régimen sancionatorio. Entre ellas aparecen problemas en la disponibilidad de formularios durante los partidos, desconocimiento del procedimiento por parte de algunos funcionarios, limitaciones para identificar plenamente a los infractores y debilidades posteriores en la recuperación de cartera.
También influye el tamaño de las sanciones. Las multas pueden oscilar entre cinco y 100 salarios mínimos, equivalentes actualmente a valores entre $8,7 millones y $175 millones. El Ministerio señaló que esas cifras pueden superar ampliamente la capacidad económica de algunos infractores y afectar el pago voluntario.
La entidad también reconoce la necesidad de fortalecer su capacidad para adelantar cobros persuasivos y coactivos y mejorar todo el proceso que va desde la sanción y su registro hasta el recaudo efectivo.
Aunque la ley establece que estos recursos deben destinarse a programas de formación y convivencia, el Ministerio explicó que el dinero recaudado ingresa al Tesoro Nacional y que actualmente no financia directamente programas de la entidad con esos recursos.
Policía no puede consultar en tiempo real quién tiene prohibido ingresar
El problema continúa cuando la sanción incluye una prohibición para volver a los estadios. La Policía Nacional reconoció que no cuenta con acceso, interoperabilidad o consulta de un registro oficial que permita verificar en tiempo real las prohibiciones vigentes de ingreso a escenarios deportivos. Tampoco dispone de una base de datos propia para ejercer ese control.
El Decreto 1622 de 2022 creó el Sistema de Validación Nacional, concebido para asociar la identidad del aficionado con la boletería y verificar posibles sanciones. Sin embargo, a septiembre de 2026 el Ministerio del Deporte reconoce que el sistema todavía se encuentra en proceso de implementación y que no puede determinar de manera consolidada cuántos clubes cumplen integralmente las medidas previstas.
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El Ministerio asegura que también trabaja en un registro de infractores, sistemas interoperables y mecanismos de biometría facial para fortalecer el control de acceso.
Por eso, para Salcedo, la discusión ya no pasa por crear más normas. “Las leyes existen, pero se cumplen a medias. El problema no es de plata, sino de voluntad política, capacidad administrativa y decisión para hacer cumplir las normas”, concluyó el representante.
