¿Qué tendría que cambiar para que un estudiante en Colombia pueda completar toda su trayectoria escolar hasta grado 11? Esa pregunta vuelve al centro del debate educativo con un proyecto que busca modificar la Constitución y ampliar la edad de escolaridad obligatoria.
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La iniciativa parte de un problema que todavía afecta a miles de jóvenes: la educación media —grados décimo y undécimo— concentra algunas de las mayores dificultades de cobertura, permanencia y calidad del sistema educativo colombiano.
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El proyecto de acto legislativo fue radicado en agosto de 2026 ante el Congreso de la República con el propósito de modificar parcialmente el artículo 67 de la Constitución Política y reconocer expresamente la educación media como parte de la educación obligatoria.
La iniciativa fue respaldada por congresistas de diferentes corrientes políticas y plantea ampliar la garantía estatal para que la trayectoria educativa llegue hasta los 17 años.
Entre sus principales impulsores están la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso; el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático; y el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico. También aparecen como respaldos congresistas como Carlos Alberto Benavides, Mauricio Andrés Toro, David Alejandro Toro, María Fernanda Carrascal, Astrid Sánchez Montes de Oca, José Jaime Uscátegui, Daniel Felipe Briceño, Martha Isabel Peralta, Esteban Quintero, Jaime Raúl Salamanca, Claudia Zuleta, Duvalier Sánchez, Erick Velasco y Delcy Isaza, entre otros.
¿Por qué se plantea este cambio en los colegios en Colombia?
El punto de partida de los autores del proyecto es una brecha que aparece especialmente al llegar a los últimos grados del colegio. Actualmente, la educación media comprende los grados décimo y undécimo y puede ser académica o técnica.
La primera permite profundizar en áreas como ciencias, artes o humanidades, mientras que la segunda busca preparar a los estudiantes para el desempeño laboral. Ambas son consideradas una etapa fundamental para continuar hacia la educación superior.
Sin embargo, el diagnóstico incluido en la iniciativa señala que la educación media presenta los indicadores más bajos de cobertura dentro de la trayectoria educativa.
De acuerdo con el documento, la cobertura neta se ha mantenido por debajo de 50% durante los años analizados. El Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi también señala que solo aproximadamente uno de cada dos jóvenes en edad de cursar educación media está escolarizado en este ciclo.
El problema no se distribuye de la misma manera en todo el país. El proyecto recoge diferencias importantes entre territorios: mientras algunas entidades territoriales certificadas de la región Andina registran coberturas de entre 74% y 80%, zonas de la Amazonía y la Orinoquía presentan tasas de apenas entre 10% y 20%.
También existe una pérdida importante de estudiantes durante la trayectoria escolar. Según el diagnóstico citado en la iniciativa, de cada 100 estudiantes que comenzaron primero de primaria en 2013, solo 55 llegaron a grado 11 en 2023. Las mayores pérdidas se presentan precisamente en los pasos hacia los grados décimo y undécimo.
Jennifer Pedraza explicó el sentido de la propuesta señalando que “en Colombia pareciera que el derecho a la educación termina cuando los y las adolescentes se gradúan de noveno”. Según la senadora, la intención es que el acceso a la educación media deje de ser visto como un privilegio y pase a estar protegido como parte de la trayectoria educativa que debe garantizar el Estado.
¿Qué cambiaría para los estudiantes en los colegios de Colombia?
La modificación central está en convertir esa etapa final del colegio en una obligación constitucional. El artículo 1 del proyecto establece que el artículo 67 quedaría señalando que la educación será obligatoria entre los tres y los 17 años y que comprenderá, como mínimo, tres grados de preescolar, nueve de educación básica y dos de educación media.
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En términos prácticos, esto significa que la obligación educativa no terminaría en la educación básica. Los grados décimo y undécimo pasarían a formar parte expresamente de la trayectoria educativa que el Estado debe garantizar.
Para un estudiante, el cambio podría significar que llegar a grado noveno ya no represente el punto en el que termina la obligación educativa. La meta planteada es que pueda continuar hasta culminar la educación media y contar con condiciones que permitan su permanencia en el sistema.
El proyecto plantea que esa garantía no se limite a abrir cupos. También habla de “asequibilidad, acceso, aceptabilidad, permanencia y calidad”, con el propósito de que la educación media pueda ser garantizada como un derecho universal.
La propuesta no implicaría únicamente una modificación para los estudiantes. También supone mayores responsabilidades para el Estado y las autoridades educativas.
Si la educación media pasa a estar cobijada expresamente por la obligatoriedad constitucional, deberán fortalecerse las condiciones de oferta educativa para garantizar que los jóvenes puedan encontrar cupos y permanecer en el sistema, especialmente en las zonas rurales y en territorios donde actualmente existen mayores dificultades de cobertura.
El proyecto plantea además que todos los centros educativos puedan ofrecer los diferentes grados para evitar que los estudiantes tengan que cambiar de establecimiento cuando pasan de un nivel a otro. La iniciativa relaciona esta medida con la necesidad de reducir barreras que pueden contribuir a la desvinculación escolar.
¿Qué pasa con los estudiantes que abandonan el colegio para trabajar?
Este es otro de los puntos que busca abordar la propuesta. La exposición de motivos identifica entre las razones de deserción la falta de interés, la necesidad de trabajar desde edades tempranas para contribuir al hogar y la realización de labores domésticas, particularmente entre mujeres jóvenes.
Por ello, los autores sostienen que ampliar la obligatoriedad debe estar acompañado de políticas que permitan a los estudiantes permanecer en el sistema educativo.
El cambio también tiene una dimensión fiscal. La propuesta reconoce que ampliar la cobertura de preescolar y educación media generaría “erogaciones progresivas con cargo al presupuesto general de la nación”, debido a la necesidad de aumentar los recursos destinados a garantizar la prestación del servicio educativo.
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El proyecto plantea que esos recursos deberán armonizarse con el marco de autonomía territorial y con la distribución sectorial del Sistema General de Participaciones. Esta iniciativa ha contado con el apoyo y acompañamiento de la Alianza para la Transformación de la Educación Media (ATEM), conformada por Fundación Sura, Instituto Natura, Fundación Corona, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fundación Scarpetta Genneco y Fundación Corazón de Caña, que vienen liderando, junto con 11 secretarías de educación del país, acciones de política pública para la educación media.
