El CNE reiteró que la advertencia sigue vigente ante la circulación de nuevos estudios de opinión en el país. La autoridad electoral encendió las alarmas por deficiencias metodológicas “relevantes” en encuestas divulgadas como mediciones electorales, lo que —advirtió— pone en riesgo la transparencia del proceso democrático.
A través de su Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas, el CNE identificó problemas estructurales en aspectos clave como el diseño muestral, la cobertura del universo electoral, la validez de las inferencias estadísticas y el uso inadecuado de técnicas de ajuste.
Según explicó la entidad, estas falencias comprometen la representatividad de los resultados y su capacidad de generalización, condiciones esenciales para que un estudio pueda considerarse una encuesta válida.
El organismo fue enfático en diferenciar entre encuestas y sondeos: mientras las primeras deben basarse en muestras probabilísticas con sustento científico, los segundos carecen de representatividad estadística.
En ese punto, el CNE recordó que la Ley 2494 de 2025 prohíbe expresamente la publicación de sondeos de intención de voto, sin importar su formato. Esto incluye encuestas en redes sociales, votaciones digitales abiertas o formularios sin control metodológico.
Presentar este tipo de ejercicios como encuestas, advirtió la entidad, no solo induce a error sino que vulnera la normativa vigente.
Además, precisó que herramientas estadísticas como la ponderación o el “raking” no corrigen fallas estructurales si no parten de muestras adecuadas, y advirtió que las encuestas telefónicas deben demostrar rigurosamente su representatividad para ser válidas.
Llamado a medios y encuestadoras
El CNE hizo un llamado directo a los medios de comunicación para que se abstengan de difundir estudios sin sustento verificable o provenientes de firmas no registradas. La divulgación de información defectuosa, señaló, puede afectar la equidad en la contienda electoral y desinformar al electorado.
Asimismo, recordó que el incumplimiento de las normas puede acarrear sanciones, en línea con lo establecido en la Resolución 1197 de 2026 del CNE, incluyendo multas, suspensión o cancelación del registro de las firmas encuestadoras.
Aunque el comunicado tiene carácter preventivo, la autoridad electoral dejó claro que actuará con firmeza frente a incumplimientos verificados. “La calidad metodológica de las encuestas no es opcional: es una obligación legal”, subrayó.
El CNE también reiteró que cualquier ciudadano puede denunciar irregularidades en la publicación de encuestas o sondeos, como parte del control social al proceso electoral.
