En Colombia, la reposición de votos se ha convertido en una de las piezas centrales —y más controvertidas— del sistema de financiación pública de la política. Se trata de un mecanismo mediante el cual el Estado reconoce recursos a partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, con el fin de reembolsar parte de los gastos de campaña según el número de votos válidos obtenidos en las urnas.
El objetivo, al menos en el papel, es claro: equilibrar la competencia electoral y permitir que candidaturas con menor músculo financiero privado puedan competir en condiciones menos desiguales frente a estructuras políticas con mayores recursos.
La reposición está sujeta a dos condiciones esenciales
La primera es el umbral mínimo de votación. Solo tienen derecho a recibir estos recursos quienes superen un porcentaje determinado de votos válidos. En el caso de elecciones presidenciales y consultas, el requisito es alcanzar al menos el 3 % de los votos válidos a nivel nacional, un umbral que aplica tanto para consultas interpartidistas como para la primera vuelta presidencial.
La segunda condición es que el cálculo se basa exclusivamente en los votos válidos. El Estado reconoce un valor monetario por cada uno, cifra que el Consejo Nacional Electoral (CNE) actualiza periódicamente con base en criterios técnicos como la inflación o los costos reales de una campaña.
Cabe mencionar que solo se devuelve lo que la campaña efectivamente gastó y certificó con facturas legales.
Felipe Jiménez Ángel, quien fue coordinador de Misión de Observación Electoral explica que “Solo se devuelve lo que la campaña efectivamente gastó y certificó con facturas legales. Si no hay factura, no hay un peso”.
Y solo lo que genera una deuda o esfuerzo económico real del candidato se repone: “créditos con bancos, créditos con personas naturales (con contrato mutuo), recursos propios o de familiares cercanos y donaciones de privados”.
Un salto millonario para 2026
De cara a las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo de 2026, el CNE fijó el valor de reposición en $8.287 por cada voto válido, una cifra que marca un incremento del 224 %.
El monto es casi tres veces mayor al aplicado en 2025, cuando la reposición era de $2.555 por voto. Según el CNE, este ajuste responde a una actualización técnica basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, tal como lo establece la normativa electoral.
La medida quedó consignada en la Resolución No. 12111 de 2025, que además fijó los topes máximos de gastos de campaña para estas consultas en más de $18.555 millones, bajo el argumento de garantizar transparencia y equidad en el uso de los recursos públicos.
Los valores de reposición han variado considerablemente según el tipo de elección. En los comicios regionales de 2023, por ejemplo, el Estado reconoció $4.590 por voto para gobernadores y diputados, y $2.766 para alcaldes y concejales. En la consulta interpartidista de octubre de 2025, el valor se mantuvo en $2.555 por voto válido.
Este patrón de ajustes anuales con base en inflación y costos ha sido defendido por el CNE como una necesidad técnica. Sin embargo, sectores sociales y organizaciones de observación electoral han cuestionado el salto abrupto de 2026, advirtiendo que incrementos tan pronunciados pueden alterar el equilibrio del sistema y aumentar la presión fiscal sobre el Estado.
El cálculo y el retorno para los candidatos
Un ejemplo cercano es el de la consulta del 2025, cuando la reposición estatal era de $2.555 por voto válido, Carolina Corcho, con 678.962 votos, habría recibido un reintegro cercano a $1.734 millones, mientras que Iván Cepeda, con alrededor de 1,3 millones de votos, habría alcanzado aproximadamente $3.321 millones.
No obstante, el tope máximo de gastos de campaña para este tipo de consultas se ubicaba alrededor de $6.080 millones, estableciendo el techo legal de inversión permitido para cada aspirante, más allá del monto reconocido posteriormente por reposición de votos.
Pero ahora el número subiría de manera importante ya que los candidatos de las tres consultas que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo tendrán la oportunidad de sustentar votos por hasta $18.555 millones.
Se necesitarían aproximadamente 2,24 millones de votos para alcanzar el tope de $18.555 millones con una reposición de $8.287 por voto.
El peso político del dinero público
La reposición de votos alimenta, cada ciclo electoral, un debate de fondo sobre la financiación de la democracia: cuánto debe pagar el Estado por las campañas, cómo se controla ese gasto y hasta qué punto el dinero público termina sosteniendo estructuras partidistas.
Casos emblemáticos han mostrado el tamaño de estas devoluciones. El movimiento Colombia Humana, por ejemplo, tras la campaña presidencial de 2018, tiene derecho a recibir más de $23.000 millones por reposición, según reportes del propio CNE.
La segunda vuelta presidencial de 2022, que enfrentó a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ilustra con claridad el alcance del mecanismo. Según el escrutinio oficial de la Registraduría, Petro obtuvo 11.281.013 votos, mientras Hernández alcanzó 10.580.412.
Bajo las reglas vigentes para ese proceso, el Estado reconocía cerca de $1.561 por voto válido en segunda vuelta. Con esos resultados, el cálculo teórico indicaría que la campaña de Petro podría haber accedido a cerca de $17.000 millones, y la de Hernández a unos $16.500 millones.
Sin embargo, estos montos no se entregan completos ni de forma inmediata. El CNE aplica topes máximos y solo desembolsa recursos equivalentes a los gastos efectivamente reportados, auditados y aprobados, descontando además anticipos o aportes privados.
Para esa segunda vuelta, el tope máximo de reposición fue fijado en aproximadamente $12.840 millones, lo que significa que ninguna campaña podía superar esa cifra, sin importar el número de votos alcanzado.
