Un análisis reciente de Corficolombiana sobre el uso de las vigencias futuras en Colombia revela un patrón: en su último año, el Gobierno del presidente Gustavo Petro autorizó una ola sin precedentes de compromisos fiscales de largo plazo, dejando a la próxima administración la mayor carga de pagos por este concepto de la que se tenga registro.
Las vigencias futuras son, en esencia, un permiso que el Estado se otorga a sí mismo para comprometer hoy recursos que solo estarán disponibles en presupuestos venideros. Dado que el presupuesto público colombiano se aprueba año a año bajo el principio de anualidad, mientras que las grandes obras de infraestructura toman varios años en construirse, este instrumento ha sido históricamente la principal vía para financiar proyectos de gran envergadura que de otro modo serían inviables.
Durante buena parte del actual cuatrienio, sin embargo, el uso de las vigencias futuras fue limitado. El Gobierno enfrentó dificultades para estructurar nuevos proyectos y, en varios momentos, mantuvo una postura crítica frente a los compromisos heredados de administraciones anteriores, señalando que estas rigideces limitaban su margen de maniobra presupuestal.
De hecho, antes de conocerse la actualización más reciente del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), las proyecciones apuntaban a que los pagos por vigencias futuras se reducirían cerca de 30 % entre 2027 y 2030 frente a los niveles de 2025-2026.
La realidad terminó siendo la contraria, de acuerdo con lo explicado por Corficolombiana. Según el MFMP de 2026, las vigencias futuras autorizadas pasaron de $186 billones en 2025 a $255 billones en 2026, un incremento real de 37,1 %, la variación más alta desde 2015 y un máximo histórico tanto en pesos constantes como en proporción del PIB.
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Más de 50 proyectos y un giro hacia la obra pública
Ese salto de $69 billones se explica, en buena medida, por la aprobación de nuevas vigencias futuras por $82 billones para más de 50 proyectos de inversión. Lo llamativo es la composición: solo uno de esos proyectos —la vía Estanquillo-Popayán, con $19,8 billones— corresponde a un esquema de Asociación Público-Privada (APP). El resto, cerca de $62 billones, se canalizó a través de obra pública directa, un mecanismo que, según advierte el informe de la corporación, suele tener menor rigor contractual, menor disciplina financiera y una asignación de riesgos menos explícita que las APP, lo que lo hace más vulnerable a sobrecostos, retrasos y riesgos de corrupción.
El transporte siguió llevándose la mayor tajada ($43,5 billones), con proyectos como el tren Zipaquirá-Bogotá ($15,2 billones) y la vía Pasto-Estanquillo ($2,2 billones), ligada al programa Vías para la Paz.
Pero la verdadera novedad estuvo en sectores distintos al transporte, que concentraron $38 billones: iniciativas como Colombia Solar ($7,2 billones, para soluciones de autogeneración dirigidas a 1,3 millones de usuarios) y un programa de infraestructura de educación superior ($5,9 billones) reflejan un viraje que, según Corficolombiana, amerita revisar si estos compromisos de largo plazo estuvieron respaldados por evaluaciones rigurosas de costo-beneficio, madurez y rentabilidad económica y social.
Las cuentas para el Gobierno De la Espriella
El dato más sensible desde el punto de vista fiscal es el traslado de obligaciones hacia la siguiente administración del presidente Abelardo de la Espriella.
En sus cuatro años, el Gobierno Petro aprobó vigencias futuras por $197 billones en total, cifra que no es la más alta de la historia reciente —Duque aprobó $220 billones y Santos, en sus ocho años, $371 billones—. Sin embargo, el patrón fue distinto: comprometió relativamente poco de su propio presupuesto ($85 billones, por debajo de los más de $100 billones observados en los dos gobiernos anteriores), pero dejó $51 billones para que los pague la próxima administración, la cifra más alta que un Gobierno le ha heredado a su sucesor, superando los $44 billones de Uribe II, los $38 billones de Santos II y los $38 billones de Duque.
De esos $51 billones, $31 billones fueron autorizados solo en el último año de mandato. Como resultado, el próximo Gobierno arrancará pagando en promedio $25,2 billones anuales por vigencias futuras entre 2027 y 2030 —de los cuales cerca de $8 billones al año provienen exclusivamente de las autorizaciones del último año—, equivalentes a 1,2 % del PIB por año. Esto representa una presión fiscal adicional de 0,4 puntos del PIB frente a lo previsto en el MFMP de 2025.
Parte de esta presión obedece también a un cambio en el tipo de vigencias futuras utilizado. Existen vigencias futuras ordinarias, excepcionales y de APP; las excepcionales tienen la particularidad de que permiten comprometerse a pagar una obra sin apropiar recursos desde el primer año, trasladando todo el costo hacia el futuro.
En 2026, las vigencias futuras excepcionales crecieron 89 %, frente a apenas 9,7 % en las APP y una caída de 55,1 % en las ordinarias, con lo que hoy representan el 63 % del total autorizado, muy por encima del patrón histórico previo a 2022, cuando las APP concentraban más del 60 %.
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Advertencia sobre la eficiencia del gasto
Corficolombiana es enfática en que trasladar compromisos a futuros gobiernos es inherente al funcionamiento de las vigencias futuras y que la infraestructura seguirá dependiendo de este mecanismo. El problema, señala la firma, no es la herramienta sino el momento y la magnitud: la aprobación tardía y concentrada al final del mandato, sumada al giro hacia la obra pública —con menor rigor técnico que las APP— y hacia vigencias futuras excepcionales que no exigen apropiación inmediata, eleva el riesgo de que estos compromisos no respondan a criterios sólidos de planeación y priorización.
El llamado de fondo es claro: más que el volumen de recursos comprometidos, lo que definirá si esta última ola de vigencias futuras fue una decisión acertada es la calidad, madurez y rentabilidad económica y social de los proyectos financiados. De lo contrario, advierte el informe, el país corre el riesgo de heredar más cuentas por pagar que obras terminadas.
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