El pasado 30 de abril, un tribunal del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD/AAA) condenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a pagar $3,5 billones tras reconocer múltiples incumplimientos contractuales en el marco del contrato de asociación público-privada (APP) de la concesión Ruta al Mar.
Este proyecto abarca cerca de 500 kilómetros de vías en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.
La condena total asciende a $3,58 billones y otros US$597.696, e incluye perjuicios por compensaciones ambientales, demoras relacionadas con el Decreto 050 —la congelación de peajes que aplicó el gobierno de Gustavo Petro en 2023— y la atención de sitios inestables.
Frente a este fallo, la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia (CCI Antioquia) se pronunció destacando que la decisión “constituye, ante todo, una confirmación de la solidez del modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP) en Colombia”, al ratificar “que los contratos son exigibles, que los riesgos están claramente asignados y que los mecanismos de resolución de controversias funcionan cuando son activados.”
Sin embargo, el gremio advirtió que el fallo “pone en evidencia una situación estructural que el sector ha venido advirtiendo y que hoy requiere una respuesta decidida por parte del Estado.”
La CCI Antioquia señaló que “el caso de Ruta al Mar no es aislado”, dado que “actualmente, la mayoría de las concesiones de infraestructura en Colombia enfrentan situaciones similares, recurriendo a mecanismos de resolución de controversias para obtener el reconocimiento de riesgos asumidos contractualmente por el Estado.”
Para el gremio, cuando esto “deja de ser un caso y se convierte en una tendencia generalizada, ya no estamos frente al problema de un proyecto, sino frente a un problema de capacidad institucional para administrar los contratos de concesión.”
En ese sentido, la Cámara hizo “un llamado a las entidades del Estado a actuar con urgencia, fortaleciendo los mecanismos de gestión y restablecimiento del equilibrio contractual, con el fin de garantizar la sostenibilidad del modelo concesional y la continuidad de los proyectos de infraestructura en el país”.
Y cerró diciendo que la seguridad jurídica es una condición esencial para el desarrollo de las grandes obras.
