El sector de la seguridad privada en Colombia atraviesa un proceso de transformación a partir de la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, conocida como la reforma laboral. Esta normativa introduce ajustes significativos en las condiciones laborales de los trabajadores vinculados a las empresas de vigilancia, en especial en lo relacionado con la remuneración de los servicios prestados en horarios nocturnos, dominicales y festivos, así como en el cumplimiento de obligaciones adicionales que impactan directamente en la operación del sector.

Antes de la expedición de la ley, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada había emitido una resolución que definió un cronograma escalonado de incrementos en las tarifas mínimas que pueden cobrar estas compañías. Dicho cronograma busca garantizar que las nuevas condiciones laborales se reflejen de manera proporcional en los costos de los servicios de seguridad, evitando que las empresas trasladen la carga salarial sin un marco regulatorio que respalde los ajustes.

¿Cómo quedaron las tarifas para contratar servicios de vigilancia?

De acuerdo con lo establecido, los servicios de vigilancia armada prestados de manera continua, las 24 horas del día durante todo el mes, tendrán aumentos progresivos en las tarifas expresadas en salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). Así, el valor mínimo será de 9,24 SMMLV a partir del 1 de julio de 2025, de 9,53 SMMLV desde el 15 de julio y de 9,77 SMMLV desde el 25 de diciembre del mismo año. Además, la resolución contempla nuevos ajustes programados para 2026 y 2027, con un incremento que llevará la tarifa a 10,38 SMMLV.

La Ley 2466, en su artículo 70, establece que la Superintendencia debe expedir dentro de los 30 días siguientes a su entrada en vigencia un acto administrativo que actualice formalmente estas tarifas. De esta manera, se garantiza que los cambios derivados de la reforma tengan respaldo en los precios autorizados, evitando que las empresas cobren por debajo de lo regulado y asegurando recursos suficientes para cumplir con las nuevas obligaciones salariales y prestacionales.

Con la entrada en vigor del ajuste previsto para diciembre de 2025, tanto los guardas de seguridad como las compañías verán un impacto en sus ingresos. Mientras que para algunos usuarios el incremento representa mayores costos por la contratación de servicios, para los trabajadores constituye un avance hacia el reconocimiento más equitativo de las jornadas extendidas y de los recargos que forman parte de sus funciones habituales.