Israel suspendió este lunes el trámite de la polémica reforma judicial tras las masivas protestas en rechazo al articulado que se han experimentado en el país en los últimos días, las mayores en su corta historia.
El documento de reforma judicial, al que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no renuncia del todo, será debatido con la oposición durante esta pausa entre abril y julio, para definir las modificaciones y presentarla nuevamente en una nueva legislatura.
El premier israelí por primera vez se vio abierto a la posibilidad de conversar sobre los puntos del polémico articulado. Horas antes del anuncio, Netanyahu, quien suma su tercer período al frente de Israel, destituyó a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien se había pronunciado sobre el rechazo a la propuesta.
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Este hecho ocasionó una estampida de 640.000 personas protestando en todo el país, lo que llevó también al cierre de escuelas, universidades, tiendas y hasta la suspensión provisional de algunos vuelos en el principal aeropuerto internacional del país.
Por lo pronto, los manifestantes han anunciado una breve pausa a las actividades de protesta, pero dejaron claro que no cesarán su actividad hasta que se suspenda definitivamente esta reforma judicial legislativo en Israel.
¿De qué va la polémica reforma judicial en Israel?
En líneas generales, la polémica reforma en Israel buscaba aumentar el control del Ejecutivo sobre el poder judicial, entregándole mayor poder al Parlamento -y por ende a la presidencia- y restándole a la Tribunal Supremo, la cual en este año ha reversado controversiales propuestas en el país que, según los expertos, van en contra de los desarrollos individuales de las personas.
Esto ha sido señalado por la oposición israelí como las primeras muestras de un intento de Netanyahu para “atornillarse en el poder”.
Así las cosas, el primero de los cambios está relacionado con que este proyecto de ley le permitiría al gobierno israelí poder nombrar más miembros del comité de jueces pertenecientes al Tribunal Supremo.
El gobierno israelí ha señalado previamente que esta propuesta radica en que el Tribunal “se ha inmiscuido en asuntos que no le competen” anulando leyes aprobadas por el parlamento.
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También existe la revisión de la cláusula de anulación, una de las que mayor descontento ha levantado, porque le permitiría al Parlamento aprobar leyes que el Tribunal rechazó previamente.
Los opositores ven a este punto como una clara violación a la separación de poderes, mientras que desde el gobierno explican que “no se debe interferir en la voluntad del pueblo que escogió a estos gobernantes”.
Asimismo, otro tercer punto controversial tiene que ver con el papel de los asesores independientes en los ministerios, los cuales ahora con la propuesta podrían ser nombrados por los ministros respectivos, lo que a juicio de los protestantes es “una politización clara” de los controles judiciales.
