A medida que la controversia judicial sobre los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump avanza, Estados Unidos podría enfrentar un reembolso de hasta US$1.000 millones en aranceles si la Corte Suprema declara ilegales estas medidas.
Esta cifra ha tomado especial relevancia ante la posibilidad de una devolución masiva de recursos, lo que podría tener profundas consecuencias para el Tesoro, las empresas importadoras y la economía en general.
La disputa se originó con la imposición de los llamados “aranceles recíprocos”, declarados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Un tribunal de apelaciones federal concluyó el 29 de agosto de 2025, en un fallo unánime, que el uso de esos poderes para fijar tarifas fue excesivo y violó la doctrina de las “preguntas mayores” (major questions doctrine), que exige autorización clara del Congreso para políticas de alto impacto económico.
Esta decisión confirmó una sentencia previa del Tribunal de Comercio internacional, mientras que dejó los aranceles en vigor hasta el 14 de octubre como parte de una suspensión temporal.
Riesgo de desembolso de US$1.000 millones por fallo de la Corte Suprema
Con el caso ahora ante la Corte Suprema, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió sobre los riesgos fiscales: si la Corte anula los aranceles, el gobierno tendría que reembolsar aproximadamente la mitad de lo recaudado, lo que se traduciría en una suma que podría llegar a US$1.000 millones. Bessent señaló que un fallo tardío agravaría aún más el volumen acumulado y, por ende, el impacto económico.
Ese posible monto millonario incluiría tanto los US$72.000 millones ya recaudados como ingresos proyectados hasta junio de 2026. TD Bank estima que, si los aranceles son anulados, las empresas importadoras podrían reclamar hasta US$100.000 millones, monto que, si bien menor al estimado total, actuaría como un estímulo para las ganancias corporativas —y posiblemente para el mercado accionario— en un contexto de volatilidad económica.
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Desde una perspectiva legal, uno de los aspectos más complejos será el mecanismo mediante el cual las empresas podrán solicitar esos reembolsos. Si bien empresas como Caraway Home ya se encuentran preparando la documentación necesaria, el proceso administrativo podría sobrecargar las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), generando una intrincada batalla jurídica sobre quiénes califican y cómo se articulan las reclamaciones.
De hecho, un reporte de Associated Press señala que, aunque los consumidores asumieron muchos costos derivados de estos aranceles, únicamente las empresas podrían solicitar devoluciones, lo que añade una capa de complejidad adicional.
Ante este escenario, la administración Trump ha solicitado con urgencia que la Corte Suprema acepte el caso y lo juzgue con rapidez —con argumentos presentados formalmente la semana del 4 de septiembre—, buscando una resolución con audiencias previstas en noviembre y una decisión definitiva antes de que los aranceles comiencen a perder vigencia.
