En medio de la reciente coyuntura comercial con Ecuador, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó al Gobierno Nacional la implementación de medidas de protección para el sector arrocero colombiano.
Aunque este renglón del agro no se ve impactado por el primer arancel de 30 % impuesto por Ecuador, pues las exportaciones a ese país no son tan significativas, el gremio argumenta que en la respuesta impositiva de Colombia podría entrar defensas al sector que acumula una “creciente afectación por el ingreso de arroz blanco proveniente del país vecino”.
A través de una comunicación dirigida a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Agricultura, el gremio manifestó su preocupación por el impacto que están generando tanto las importaciones legales como las ilegales de arroz ecuatoriano sobre los productores nacionales.
La misiva, firmada por el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, advierte que esta situación está presionando los precios internos y deteriorando la rentabilidad de los cultivadores colombianos, en un contexto ya complejo para el sector agropecuario.
En 2024 se importaron cerca de 60.000 toneladas de arroz blanco de Ecuador y el año pasado -aunque aún no hay datos oficiales hasta diciembre- la cifra habría cerrado en casi 50.000 toneladas.
¿Qué pide Fedearroz?
En consecuencia, y partiendo de las discusiones comerciales que actualmente se desarrollan entre los dos países, Fedearroz pidió que el arroz sea incluido de manera indefinida dentro de las eventuales medidas de retaliación comercial que adopte el Gobierno colombiano frente a las decisiones recientes del Ejecutivo ecuatoriano. Según el gremio, esta acción permitiría equilibrar las condiciones de competencia y salvaguardar la producción nacional.
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Adicionalmente, la Federación insistió en la necesidad de establecer un puerto único de ingreso para las importaciones de arroz. “Esta medida facilitaría un mayor control sobre el comercio exterior del producto y ayudaría a frenar el ingreso de arroz por pasos fronterizos terrestres, donde se presentan evasión de registros, riesgos sanitarios, contrabando y posibles prácticas de lavado de activos”.
Fedearroz reiteró que la protección del sector arrocero es clave para la seguridad alimentaria del país y para la estabilidad económica de miles de familias que dependen de esta actividad, por lo que hizo un llamado urgente al Gobierno para adoptar decisiones que garanticen condiciones justas para los productores nacionales.
