Fenalcarbón pide al Gobierno un ajuste gradual del impuesto al carbono para evitar impacto en costos de la industria

El gremio advirtió que el aumento propuesto en el proyecto de ley de rescate económico elevaría el tributo a más de $212.000 por tonelada de carbón en 2029.

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En el marco de las discusiones sobre el proyecto de ley de rescate económico (reforma tributaria), la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) solicitó al Gobierno Nacional establecer un esquema de incremento gradual de al menos 20 años para el impuesto al carbono.

El gremio advirtió que las tarifas contempladas en la propuesta elevarían significativamente los costos del combustible, amenazando la competitividad de la industria nacional y la seguridad energética del país.

Según el articulado radicado en el Congreso, que debería comenzar a debatirse la primera semana de diciembre, de acuerdo con el cronograma del Gobierno, el impuesto por tonelada de carbón pasaría a aproximadamente $119.000 en 2027 a $212.000 en 2029 (cifras a 2026).

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Esto debido a que la tarifa específica subiría a 0,87 UVT en 2027, 1,23 UVT en 2028 y 1,59 UVT a partir de 2029. Estos valores se actualizarían cada año con un incremento equivalente a la inflación más dos puntos porcentuales.

El gremio advirtió que esta cifra equivaldría a cerca del 70 % del precio del carbón en boca de mina, por lo que, de aprobarse, representaría una fuerte presión financiera sobre los costos de generación de energía eléctrica térmica y sobre industrias intensivas en energía como la siderúrgica, cementera y coquizadora.

La propuesta de Fenalcarbón es una ruta tributaria a dos décadas con el objetivo de equilibrar la sostenibilidad ambiental con la competitividad industrial y facilitar la modernización tecnológica de los sectores productivos.

Por otro lado, el gremio cuestionó que la propuesta del Gobierno reduzca del 50 % al 25 % la posibilidad de compensar el impuesto mediante certificados de neutralidad de carbono, lo que, a su juicio, castiga la inversión ambiental real de las empresas, que deberán pagar de forma obligatoria al menos el 75 % del impuesto.

«Colombia necesita una política energética que garantice abastecimiento confiable, precios competitivos y sostenibilidad. La seguridad energética no puede convertirse en un costo adicional para la economía, sino en una ventaja para el desarrollo nacional», afirmó el presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante.

El vocero señaló que el debate cobra mayor relevancia ante la menor disponibilidad de gas natural nacional, la necesidad de aumentar las importaciones y la volatilidad energética internacional. Luego concluyó que el país debe avanzar en la reducción de emisiones sin comprometer la soberanía energética ni el crecimiento económico.

Vale la pena recordar que el impuesto nacional al carbono fue creado por la Ley 1819 de 2016 para incrementar el recaudo y acelerar la descarbonización. Sin embargo, el proyecto de ley asigna solo el 20 % de los recursos a una destinación específica y deja el 80 % restante a libre disposición de la caja del Gobierno.

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