El gobierno de Gustavo Petro prorrogará la emergencia económica decretada a finales del año pasado ante la caída de la ley de financiamiento.
Así lo confirmó a La FM el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien señaló que esta extensión se hace necesaria en pro de la estabilidad financiera de la Nación.
“Ya cumplimos los primeros 30 días de la emergencia económica y para continuarla sería necesario previamente hacer una declaratoria de prórroga o de nueva emergencia económica, que tenemos hasta 90 días para poderla tener. Estamos trabajando en la prórroga de la garantía económica”, indicó el funcionario.
Así las cosas, el Gobierno podrá seguir expidiendo decretos legislativos, como los que ya emitió de mayores impuestos y de nuevas contribuciones para las generadoras de energía en Colombia. El Ejecutivo ha señalado que estas medidas tienen como objetivo garantizar ingresos tributarios que permitan dar cumplimiento a los derechos fundamentales, incluyendo salud y la prestación de los servicios públicos.
Si bien los recursos garantizados con la emisión de estos decretos están sobre los $12 billones, las necesidades totales alcanzan $16,3 billones, monto que se buscaba recaudar con el proyecto de reforma tributaria. En ese orden de ideas, la administración Petro continúa analizando medidas adicionales que permitan asegurar el dinero restante.
«Estamos evaluando la posibilidad de adoptar otras medidas que nos permitan cubrir ese faltante de recursos, ya que aquello que no se logre garantizar mediante nuevos ingresos tributarios implicaría necesariamente una reducción del presupuesto», señaló Ávila.
¿Cuál es el ‘plan B’ si se cae la emergencia económica?
Tras la expedición del decreto, puso en marcha un debate para analizar las implicaciones de este estado de excepción. En ese contexto, el Minhacienda se refirió a qué tiene en mente el Ejecutivo en caso de que el alto tribunal determine tumbar dicha norma.
“En varias ocasiones nos han preguntado cuál es el plan B, y normalmente preferimos no hablar de un plan B cuando aún estamos ejecutando el plan A. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando la ley de financiamiento estaba en discusión en el Congreso. En su momento adelantamos un debate amplio, franco y sincero, con total disposición a encontrar alternativas en el Congreso de la República. Sin embargo, cuando se adoptó una decisión que no respondió a criterios técnicos, sino políticos, orientada a afectar al Gobierno mediante la reducción y la no aprobación de la ley, tuvimos que acudir a un plan alternativo. En esta oportunidad, también contaremos con opciones alternativas”, indicó el funcionario.
Ávila también reiteró la importancia que tienen estas medidas para asegurar las necesidades de financiamiento y así cumplir con los compromisos adquiridos.
—
