El Ministerio de Justicia alista el decreto que servirá como base para un nuevo proyecto de ley que busca transformar la política criminal de Colombia.
Esta iniciativa, en línea con la “Paz Total” que ha promovido el presidente Gustavo Petro desde su campaña y durante su mandato, abriría una nueva ruta de sometimiento a la justicia para grupos armados organizados y estructuras criminales.
Según reveló W Radio, el borrador del anteproyecto ya circula en algunos sectores del Congreso.
El objetivo es ampliar su alcance para permitir el ingreso de actores que históricamente han estado por fuera o que han reincidido en el conflicto, como disidencias de las FARC, miembros del Clan del Golfo, terceros civiles que hayan apoyado estas estructuras, e incluso agentes del Estado que hayan colaborado con ellas.
Entre los elementos más polémicos del borrador está la posibilidad de que los beneficiarios conserven hasta el 12 % de los bienes entregados individualmente al Estado. Para acogerse al nuevo sistema, los postulados deberán cumplir con condiciones como la desmovilización, entrega de armas y bienes, liberación de menores reclutados y aportación a la verdad judicial.
Sobre las penas, el borrador establece una diferenciación según el grado de responsabilidad:
- Entre 5 y 8 años de prisión para jefes de estructuras criminales o responsables de crímenes de guerra.
- Entre 2 y 5 años para integrantes sin capacidad de decisión.
- Posibilidad de terminación anticipada de la pena para quienes solo hayan cometido delitos como concierto para delinquir o rebelión.
Este proyecto busca consolidar jurídicamente la Paz Total, en la recta final del gobierno Petro.
