Aunque el Ministerio de Hacienda no ha confirmado oficialmente la fecha, en el Congreso dan por hecho que este viernes 29 de agosto el Gobierno radicará la reforma tributaria. Así se lo han repetido el ministro Germán Ávila y su equipo a los legisladores de las comisiones económicas conjuntas, en medio de un pulso que ya empezó a calentar la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026.
El plan de gasto que el Ejecutivo puso sobre la mesa es ambicioso: $557 billones, el segundo monto más alto de la historia en relación con el tamaño de la economía.
Pero tiene un problema de fondo: buena parte de su viabilidad depende de la reforma tributaria, con la que se espera recaudar $26,3 billones. Entre las medidas que se estudian están poner IVA a los juegos de azar en línea —hoy exentos—, subir los impuestos a licor y tabaco, aumentar la tarifa al carbono y gravar más fuerte las ganancias ocasionales, como herencias o premios de lotería.
El dilema es claro: sin tributaria, el Estado tendría que endeudarse más o recortar la inversión pública, como ya ocurrió en 2024.
El Gobierno juega doble carta: reforma tributaria o presupuesto 2026
El presidente Gustavo Petro mueve sus fichas económicas con dos cartas sobre la mesa: su Plan A es lograr que el Congreso apruebe la nueva reforma tributaria, mientras que el Plan B consiste en que el presupuesto de 2026 sea aprobado sin tropiezos. Pero ambos caminos empiezan a mostrar resistencias.
El proyecto de presupuesto presentado asciende a $557 billones para el próximo año. Sin embargo, $26,3 billones de esa suma dependen de que se apruebe la tributaria, lo que ha despertado críticas dentro del Capitolio. La senadora Marlene Castillo cuestionó con dureza el cálculo del Ejecutivo: “¿Desde cuándo se presupuesta con recursos que no existen? Esto es pésima planeación fiscal, cuentas alegres y mucha improvisación”.
El ambiente en el Congreso no parece el más favorable. El representante Víctor Salcedo, del Partido de la U, ya anunció que votará negativamente en una eventual reforma, y reprochó la insistencia del Ejecutivo en aumentar la carga impositiva. Desde el Pacto Histórico, la representante de la Comisión Tercera de la Cámara, Tamara Argote, defendió la propuesta recordando que el país enfrenta un hueco fiscal y que el Legislativo tumbó la tributaria para 2024. Según ella, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo debería abrir espacio para aprobar los recursos que permitan cubrir las necesidades del Estado.
A la ola de críticas se sumó desde la Comisión Cuarta de Senado la senadora Angélica Lozano, de Centro Esperanza, quien aseguró que el presupuesto general de 2026 está “inflado y desfinanciado”. “El monto que presenta el Gobierno es inflado, cuando la ejecución es muy inferior y los ingresos también. Creo que el presidente le apuesta a proponer una cifra tan elevada para que se la nieguen y termine sacándola por decreto”, advirtió, al tiempo que pidió aplicar con rigor la regla fiscal.
En la misma línea, el senador conservador, Efraín Cepeda, de la Comisión Tercera de Senado, sostuvo que la tributaria que impulsa el Gobierno busca financiar principalmente el gasto de funcionamiento. “Lo primero es cero reforma tributaria, y lo segundo es recortar el gasto del Gobierno. No vamos a dejar que hagan politiquería con el dinero de los colombianos”, sentenció.
Desde el sector afín al Ejecutivo, la senadora del Pacto Histórico, Aída Avella (Comisión Cuarta de Senado), ratificó su respaldo al presidente. “El Presupuesto Nacional 2026 requiere decisiones fiscales responsables. Ya pagamos la elevada deuda de Duque, ahora vamos a recuperar el orden y la prioridad en las finanzas públicas”, aseguró. Se espera que el senador Wilson Arias también se alinee en la defensa del proyecto.
Otros legisladores, sin embargo, ven espacio para negociar en temas puntuales. El senador del Partido de la U, Juan Carlos Garcés (Comisión Tercera de Cámara), radicó una proposición modificativa al Proyecto de Ley No. 102 de 2025 con la que busca adicionar $300.000 millones al presupuesto del Ministerio del Deporte.
Pero incluso con estas propuestas, las resistencias siguen creciendo. El nuevo presidente de la Comisión Tercera del Senado, Jairo Castellanos, de la Alianza Verde, rechazó el proyecto en su primera intervención. “Antes de estar en la presidencia le enviamos un mensaje al ministro de que el país no estaba preparado para otra reforma tributaria. Ojalá lo considere, porque este pueblo no aguanta más”, afirmó. En las comisiones económicas, la mayoría de congresistas que eligieron a Castellanos y a Baquero comparten esta misma visión, lo que anticipa un trámite cuesta arriba para el Gobierno.
La oposición, por su parte, cerró filas. El senador del Centro Democrático, Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta, calificó la iniciativa como “fiscalmente insostenible” y advirtió que la reforma solo trasladaría la responsabilidad del “desorden fiscal” al próximo gobierno. Incluso citó el concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que aunque dio un visto bueno al presupuesto, recordó que la activación de la cláusula de escape no resuelve el problema estructural y, por el contrario, aumenta el riesgo de que los colombianos terminen pagando más impuestos.
En este escenario, el Gobierno tendrá que remar contra corriente: convencer a un Congreso dividido, lidiar con críticas de improvisación y demostrar que sus planes económicos no dependen de recursos inciertos.
¿Cómo están las fechas?
Tras la primera sesión pública sobre el Presupuesto General de la Nación de 2026, las comisiones económicas del Congreso continuaron las discusiones a puerta cerrada.
El cronograma ya está definido: hasta el 15 de septiembre las comisiones conjuntas tendrán plazo para fijar el monto definitivo del presupuesto. Luego, el 25 de septiembre será la fecha límite para aprobarlo en primer debate.
A partir del 1 de octubre, la discusión pasará a las plenarias de la Cámara y el Senado. En todo caso, el Congreso deberá expedir el Presupuesto General de la Nación antes de la medianoche del 20 de octubre. Si no se alcanza un acuerdo, la Constitución le otorga al Ejecutivo la facultad de hacerlo por decreto, tomando como base el proyecto original radicado por el Gobierno, junto con las modificaciones introducidas en primer debate. El plazo máximo para expedir ese decreto sería el 30 de noviembre.
En paralelo, la reforma tributaria que prepara el Gobierno entrará a trámite en las mismas comisiones económicas y tendrá como fecha límite de aprobación el 16 de diciembre, cuando culmina el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso en 2025.
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