El Gobierno Nacional presentará ante el Congreso un proyecto de ley para establecer una política de Estado de orden público basada en el sometimiento voluntario de los actores armados ilegales “a la Constitución y a la ley”.
La iniciativa, firmada por los ministros del Interior, Rodrigo Lara y de Justicia, Iván Alfonso Cancino, se radicará en la Cámara de Representantes.
El proyecto derogaría los artículos 2, 5, 6 y 7 de la Ley 2272 de 2022, conocida como la de “Paz Total”. Eliminaría así las negociaciones políticas con estas estructuras y las reemplazaría por una oferta unilateral cuyas condiciones fijaría la ley y no se podrían negociar.
Para sustentar el cambio, el texto citaría un estudio de la Fundación Ideas para la Paz. Según este, los grupos armados habrían pasado de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a cerca de 28.802 en julio de 2026, un aumento de 90 %. El Clan del Golfo sería el más numeroso, con 10.268 miembros.
Los “Actores Armados Ilegales o Terroristas” serían las organizaciones que, sin importar su tamaño, cumplan funciones relevantes en economías ilícitas y tengan capacidad de afectar gravemente el orden público. Incluirían tanto grupos armados organizados como estructuras criminales jerárquicas o en red. El Consejo de Seguridad Nacional asesoraría al presidente en su calificación.
Cómo funcionaría el sometimiento
El proceso tendría dos fases. La administrativa, a cargo del Gobierno, no podría superar tres meses, prorrogables una sola vez. La de judicialización estaría en manos de jueces.
Cada grupo actuaría mediante un “interlocutor designado”, que tendría que ser abogado y no integrante de la organización. Los integrantes se acreditarían con una lista que el ministro de Justicia recibiría de buena fe y que sería reservada hasta la judicialización.
Entre las condiciones, los grupos tendrían que dejar las armas, entregar a los menores reclutados, a los secuestrados y a los desaparecidos que estén bajo su control, cesar toda actividad ilícita, entregar bienes y aportar información sobre sus nexos políticos y líneas de corrupción.
La Fiscalía podría pactar con los sometidos una rebaja de 50 % de la pena acumulada, que sería de 30 % para quienes hayan ejercido liderazgo. La pena de los mandos no podría ser inferior a diez años.
La libertad condicional se daría desde las cuatro quintas partes de la pena, y bajaría a dos quintas si el condenado aporta información verificable sobre desaparecidos y nexos políticos.
Además, quienes no tengan mando y solo hayan cometido ciertos delitos, como concierto para delinquir o porte ilegal de armas, podrían acceder a la suspensión condicional de la pena tras un año de ejecución. Quienes se presenten en los primeros 180 días de vigencia de la ley accederían a ella desde la sentencia.
La redención de pena sería de un día por cada dos de trabajo con colaboración eficaz, y de un día por día en programas restaurativos, erradicación de cultivos ilícitos o desminado.
A diferencia de esquemas anteriores, el presidente podría definir un lugar para la judicialización, pero no se suspenderían las órdenes de captura ni la extradición. La reclusión podría darse en centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas o cárceles productivas, siempre con restricción efectiva de la libertad.
El proyecto derogaría el artículo 14 de la Ley 418, que excluye de beneficios a quienes sean condenados por reclutamiento ilícito de menores. El Gobierno argumentaría que la norma podría impedir el desmantelamiento colectivo de estructuras responsables de esa conducta.
La Fiscalía tendría una unidad especializada para estos casos, sin crear cargos nuevos. La Intervención Territorial Integral buscaría sustituir economías criminales por lícitas y operaría de forma independiente del sometimiento. Los Programas de Tránsito a la Legalidad, liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ofrecerían salud, educación, empleo y vivienda, sujetos a disponibilidad presupuestal.
Finalmente, el Gobierno rendiría un informe anual al Congreso, y el Senado publicaría en tres meses un texto unificado de la Ley 418.
