El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, firmó el Decreto 799 de 2025, que elimina la competencia exclusiva del Consejo de Estado para conocer en primera instancia las acciones de tutela contra el presidente Gustavo Petro.
A partir de ahora, cualquier juez del circuito podrá estudiar estas acciones, aunque el Consejo de Estado mantendrá el control posterior en caso de revisión.
La nueva norma establece que “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como contra las actuaciones del presidente de la República (…) serán repartidas (…) a los jueces del circuito o con igual categoría”.
Según el decreto, la decisión busca promover una mayor imparcialidad y desconcentración en la administración de justicia.
“Esta nueva regla de reparto contribuye a fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial”, señala el documento.
Las críticas del Consejo de Estado
La medida ha generado reacciones desde el alto tribunal. El presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Alberto Álvarez, calificó la decisión como inconveniente y carente de sustento legal suficiente.
“Eliminarle esta atribución al Consejo de Estado y otorgársela a los jueces no parece proporcional ni razonable. Frente a un acto de máxima jerarquía que compromete a autoridades de alto rango y alta dignidad, debe corresponder también un juez de igual nivel: un tribunal de alto rango, como es el Consejo de Estado”, afirmó en entrevista con La FM.
Álvarez también cuestionó el procedimiento seguido por el Gobierno para expedir el decreto, al considerar que no se cumplió con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que exige oír previamente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado cuando se trata de normas que afectan su organización o funciones.
“Este decreto no tiene la armonía necesaria para entender que va en la dirección correcta frente a los requerimientos que el país reclama”, sostuvo el magistrado, quien agregó que, si bien la norma no lesiona la dignidad institucional del Consejo, “resulta absolutamente inconveniente”.
En un tono crítico, el presidente del alto tribunal advirtió: “Un país sin justicia es un país inviable. Las cortes no están para atacar ni para complacer a ninguna autoridad. Los jueces no tienen otro escudo que la ley”.
También aseguró que las decisiones del Consejo de Estado han sido equilibradas frente al Gobierno:
“Hemos favorecido al presidente en algunos casos y también hemos censurado sus actuaciones cuando ha sido necesario. Hay decisiones en ambos sentidos”.
Finalmente, Álvarez expresó preocupación por lo que calificó como un patrón de comportamiento arbitrario por parte del presidente Petro.
