El Ministerio de Hacienda citó a los gobernadores a una mesa de trabajo que se celebrará el lunes 19 de enero a las 8: 00 a.m., en la sala Antonio García Nossa, que se encuentra en las instalaciones de la misma entidad. El propósito de la reunión es aclarar las inquietudes de los entes regionales sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno.
Lo anterior se produce luego de que los gobernadores anunciaran públicamente que no van a aplicar el Decreto 1474 de 2025, el cual establece dicha emergencia. Así lo señaló la Federación Nacional de Departamentos (FND).
Frente a lo mencionado por las gobernaciones, de que no acatarían la medida del Gobierno, Hacienda les replicó que el decreto respeta el recaudo y la administración departamental y que, a su vez, garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y los compromisos de la política fiscal. Todo ello, según lo manifestó la entidad, bajo el principio de colaboración armónica entre el Gobierno central y las entidades territoriales.
También expresó que las rentas mantendrían las destinaciones específicas a los sectores de educación, deporte y salud. Cabe resaltar que estos tres rubros son precisamente aquellos en los que los entes territoriales manifestaron que se invierten los recursos que captan a través de los impuestos a licores, cigarrillos y tabacos. La cartera económica adicionó que un estudio del Banco Mundial sobre impuestos sanitarios en Colombia, publicado en septiembre de 2025, expresó que los incrementos establecidos, como los del decreto de emergencia económica, no afectan las rentas departamentales.
La opinión de los departamentos
El mismo 15 de enero de 2025, gobernadores como Dilian Francisca Toro, del Valle del Cauca, manifestaron que la decisión de los mandatarios departamentales era una: no aplicar la medida de emergencia económica, como rechazo al cambio en el sistema tributario regional.
Lo anterior hace referencia a cambios en el impuesto a licores, vinos y aperitivos, así como en el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, que hacen parte de las rentas departamentales. Cabe señalar que esta propuesta del Gobierno también se abordó en la discusión de la reforma tributaria que iba por $16,3 billones y que terminó siendo hundida en el Congreso en 2025.
Para las entidades territoriales, estos recursos no pertenecen al Gobierno central, sino que son propios y también destinados a salud, educación y deporte, como se mencionó anteriormente, expresando que un cambio en este segmento alteraría los niveles de descentralización fiscal.
¿Qué es lo que específicamente se gravó?
El incremento del IVA para licores, vinos, aperitivos y bebidas similares, excepto la cerveza, pasó de 5 % a 19 %, lo que termina generando un mayor precio para los consumidores de estos productos. Adicionalmente, bebidas como el whisky, el aguardiente, el brandy y el ron quedaron con una mayor carga impositiva. Según lo establece la norma, el componente ad valorem se fijó en 30 % sobre el precio de venta al público, un ajuste que impacta tanto las finanzas territoriales como el bolsillo de los consumidores.
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Las gobernaciones inmersas en este proceso fueron las de Amazonas, Atlántico, Caldas, Antioquia, Caquetá, Chocó, Valle del Cauca, Huila, entre otras. La posición de los entes regionales es tan clara que incluso Andrés Julián Gómez Rendón, gobernador de Antioquia, manifestó que no aplicará el decreto hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la medida de emergencia económica.
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