El presidente Gustavo Petro confirmó que seguirá insistiendo en el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones.
Pese a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto con el que el Gobierno buscaba mover cerca de $25 billones correspondientes a afiliados que se acogieron a la llamada “ventana de oportunidad” de la reforma pensional.
Durante el más reciente Consejo de Ministros, el mandatario aseguró que expedirá “nuevos decretos y resoluciones” para defender, según dijo, “los ahorros del pueblo colombiano”, luego de que el alto tribunal frenara el traslado hacia el régimen público.
Desde la Casa de Nariño, Petro insistió en que el artículo 76 de la ley pensional continúa vigente y debe cumplirse. En ese sentido, pidió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia actuar frente a cualquier funcionario que, a juicio del Gobierno, haya desconocido esa disposición.
El jefe de Estado también lanzó una advertencia a los fondos privados de pensiones, al señalar que, si no devuelven los ahorros conforme a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, se podrían iniciar acciones administrativas y penales. Además, reiteró que la Superintendencia Financiera deberá tomar las medidas correspondientes.
En medio de la controversia, el presidente recordó que los trabajadores que estén a 10 años o menos de cumplir la edad de pensión tendrán plazo hasta el próximo 16 de julio para trasladarse libremente de régimen pensional.
La disputa alrededor de la reforma pensional se ha convertido en un nuevo pulso entre el Gobierno y las altas cortes. El lunes pasado, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del decreto al considerar que el Ejecutivo “desbordó su potestad reglamentaria” al modificar aspectos que, según el tribunal, son competencia exclusiva del Congreso de la República.
La tensión aumentó después de que Petro cuestionara públicamente el fallo a través de redes sociales, sugiriendo que la decisión judicial afectaba derechos ciudadanos. En respuesta, el Consejo de Estado señaló que los pronunciamientos del mandatario constituían una forma de hostigamiento y recordó que el control judicial sobre el Ejecutivo es una garantía democrática basada en el equilibrio de poderes.
