El Ministerio de Minas y Energía presentó el proyecto de decreto que establece lineamientos de política pública para limitar el costo de la energía eléctrica y generar estabilidad tarifaria en Colombia.
La iniciativa busca proteger a los hogares colombianos frente a la volatilidad de los precios de la energía, especialmente durante periodos climáticos como el fenómeno de El Niño, en los que se incrementan los costos de generación térmica.
El decreto pretende promover la contratación de energía a largo plazo, reducir la exposición a la bolsa de energía y fomentar un equilibrio entre los mercados regulados y no regulados. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que esta medida responde a un compromiso del Gobierno con la equidad energética y el bienestar ciudadano.
“El objetivo es que ningún colombiano pague más por la energía debido a la especulación o a la volatilidad de los precios de la bolsa. Este decreto fortalece la estabilidad tarifaria y garantiza un servicio más justo, confiable y predecible para todos los usuarios”, afirmó.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dispondrá de tres meses para implementar mecanismos que aseguren el cumplimiento de las metas establecidas, incluyendo que los generadores hidráulicos vendan al menos el 95 % de su energía mediante contratos, así como la creación de nuevos instrumentos flexibles de contratación y estrategias para promover las fuentes no convencionales de energía renovable.
También se permitirán mecanismos flexibles de contratación para que los agentes vendan al mercado regulado la diferencia entre la generación comprometida y la venta en contratos en firme.
Estos mecanismos incluirán contratos condicionados (Pague lo Contratado Condicionado), convocatorias de venta de energía por parte de generadores, y procesos unificados de compra de energía para la demanda regulada, priorizando a los comercializadores más expuestos al mercado de Bolsa.
Se incentivará además la participación voluntaria de fuentes no convencionales de energía renovable, como las pequeñas centrales hidroeléctricas, y se definirán reglas claras para trasladar los precios de los contratos a las tarifas, garantizando sostenibilidad financiera y señales adecuadas para la expansión de la generación.
La CREG deberá evaluar posibles modificaciones a los límites de contratación para los comercializadores más expuestos, así como mecanismos que permitan suspender el despacho de contratos en caso de impago. Igualmente, deberá asegurar la participación efectiva de los comercializadores que atienden el mercado regulado y acelerar la aplicación de medidas que integren a los usuarios en el mercado, como la respuesta a la demanda y la eficiencia energética.
