En medio de alta tensión fiscal y de incertidumbre en la ejecución de grandes obras públicas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza con una serie de decisiones normativas que podrían transformar profundamente los marcos de planeación, inversión y prestación de servicios en sectores estratégicos como la infraestructura y la salud.

Estas decisiones, si bien se presentan como ajustes técnicos, podrían tener impactos estructurales que aún no han sido suficientemente debatidos ni comprendidos por la ciudadanía y los actores institucionales.

Uno de los cambios más significativos se encuentra en la propuesta de modificación al Decreto 1082 de 2015, en lo que respecta al manejo de vigencias futuras en proyectos de Asociación Público-Privada (APP). Actualmente, esta norma limita la posibilidad de reprogramar vigencias futuras únicamente a casos donde se modifica el plazo sin alterar la distribución anual de los recursos ya aprobados. Esta restricción ha garantizado que el presupuesto de largo plazo comprometido con estos proyectos mantenga una lógica de sostenibilidad, previsibilidad y control fiscal.

Sin embargo, el proyecto de decreto impulsado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) busca ampliar el alcance de estas reprogramaciones, habilitando a las entidades ejecutoras a solicitar ajustes tanto del plazo como de la distribución anual, bajo ciertas condiciones técnicas, jurídicas y fiscales. El argumento central es que se requiere mayor flexibilidad para una adecuada gestión presupuestal y contractual de los proyectos, sin necesidad de una nueva autorización del Confis ni de aumentar el monto total autorizado en pesos constantes.

Esta propuesta se conoce justo cuando el Gobierno acordó con la Alcaldía de Bogotá aplazar los giros correspondientes a las líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá, lo que significa un freno en los flujos presupuestales previamente comprometidos. Con este antecedente, surgen preguntas inevitables: ¿está el Gobierno usando esta modificación normativa para diferir compromisos fiscales presentes y trasladarlos al próximo gobierno? ¿Podrían otras obras de infraestructura correr la misma suerte, al posponer recursos ya autorizados y comprometer la ejecución de tramos claves en carreteras, túneles, aeropuertos u hospitales.

De acuerdo con el texto del borrador, anticipado por El Tiempo, la reprogramación solo podrá hacerse si se mantiene el monto total constante, pero los impactos de mover la distribución anual pueden ser significativos. En proyectos APP, cualquier retraso en el flujo financiero puede significar afectación en cronogramas de obra, retrasos en entregas, encarecimiento de materiales, renegociaciones contractuales o incluso riesgo de demandas por incumplimientos del Estado.

En infraestructura, el tiempo es una variable crítica. Y si las entidades contratistas no reciben los flujos pactados en los tiempos esperados, se altera la cadena de pagos, se ponen en riesgo empleos y se puede afectar la confianza del sector privado para futuras inversiones.

Aunque la propuesta exige que la reprogramación cuente con justificaciones técnicas, legales y financieras, así como conceptos favorables de los ministerios de cada sector, lo cierto es que abre la puerta a decisiones discrecionales que pueden usarse como instrumentos de contención de gasto o maniobra política, sin pasar por el Congreso ni por los controles del sistema presupuestal.

Es, en otras palabras, una nueva manera de administrar el presupuesto nacional en función de los tiempos del Ejecutivo, más que de las necesidades o prioridades de los territorios.

Decreto para sistema de salud

Esta alerta cobra más fuerza si se tiene en cuenta que, en paralelo, el presidente Petro también firmó un nuevo decreto que reorganiza estructuralmente el sistema de salud en Colombia, en un momento en el que la reforma legal en el Congreso aún no ha sido aprobada.

El decreto, firmado junto al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, replica pilares de la reforma que fue previamente archivada, especialmente en lo que respecta a la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) y el rol centralizador del Gobierno en el flujo de pacientes y recursos.

Con esta medida, se redefine el ingreso al sistema a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que operarán con un enfoque territorial, comunitario y preventivo. A partir de estos centros, el sistema escalará a niveles de mayor complejidad, pero el paso entre estos niveles dependerá de la autorización del Estado, específicamente de la Superintendencia de Salud, lo cual configura un esquema de control vertical y centralizado.

El cambio más drástico, sin embargo, está en el manejo de los recursos financieros. La ADRES, que hasta ahora ha sido una entidad pagadora de recursos del sistema, asumirá la gestión total del dinero público de la salud, desplazando por completo a las EPS de esta función.

Esto implica un viraje en el modelo colombiano, pasando de un sistema mixto con intermediación privada a un esquema estatal de concentración de funciones clave, incluyendo la contratación, el control de servicios, y la auditoría del gasto.

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