El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Minas y Energía, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”.
Se trata de una ambiciosa propuesta de reforma -como lo califica el mismo Ministerio- que busca transformar de manera estructural el sistema eléctrico del país, reducir las tarifas para los usuarios y avanzar en la transición energética.
De aprobarse, la iniciativa modificaría las Leyes 142 y 143 de 1994, que regulan los servicios públicos domiciliarios y el sistema eléctrico nacional, con el fin de adecuarlas a las nuevas realidades sociales, ambientales y tecnológicas del país.
En palabras del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, se trata de “un paso histórico para democratizar la energía en Colombia”, al tiempo que se promueve “una regulación al servicio de la gente”.
Una reforma estructural con enfoque social y territorial
El proyecto de ley parte de un diagnóstico claro: el actual esquema regulatorio ha privilegiado la rentabilidad de las empresas y los criterios técnicos por encima de las necesidades de los usuarios.
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Frente a ello, el Gobierno propone un nuevo modelo de justicia energética, sustentado en tres pilares: equidad, sostenibilidad y participación ciudadana.
Entre las medidas más relevantes se encuentran:
- Tarifas equitativas y diferenciadas para usuarios vulnerables e industrias verdes.
- Prohibición expresa de incluir cobros ajenos al servicio en las facturas de energía.
- Transparencia en la facturación, con información clara y comprensible para los consumidores.
- Subsidios focalizados mediante criterios técnicos y sociales que garanticen que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
- Mecanismos de estabilización tarifaria para reducir la volatilidad de los precios de la energía y mitigar los efectos del cambio climático.
- Fondos adicionales de hasta un 2 % de las ventas brutas de las grandes generadoras hidroeléctricas, destinados a municipios y territorios impactados por las represas, para financiar proyectos sociales y reducir la pobreza energética.
Democratización de la CREG y control ciudadano
Uno de los puntos más innovadores de la propuesta es la reforma de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), hasta ahora compuesta por expertos técnicos y representantes del Gobierno. El nuevo modelo amplía su composición e incluye:
- Un representante de los usuarios, elegido por concurso público.
- Un representante del sector sindical, seleccionado por agremiaciones del sector energético.
- Un experto académico, con trayectoria en temas energéticos y servicios públicos.
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Con esta ampliación, la CREG pasará de ser un ente tecnocrático a una instancia plural y participativa, donde tendrán voz los trabajadores, la academia y la ciudadanía.
Además, se crea el Comité Consultivo Ciudadano de Participación (CCCP), que funcionará como un espacio permanente de diálogo entre los usuarios y la CREG, garantizando el control social sobre las decisiones regulatorias.
Mecanismos para aliviar la carga tarifaria
El proyecto introduce una serie de instrumentos para corregir distorsiones tarifarias y proteger el bolsillo de los colombianos.
Entre ellos destaca la mitigación de los impactos de la Opción Tarifaria, un mecanismo implementado durante la pandemia que permitió diferir pagos de energía y cuyo saldo ha recaído principalmente sobre los estratos más bajos.
La nueva ley propone que los estratos 5, 6, los usuarios no residenciales y los grandes consumidores asuman solidariamente la deuda acumulada por los estratos 1, 2 y 3. Con ello, el Gobierno busca aliviar las cargas que han afectado de manera desproporcionada a los sectores populares.
También se introducen esquemas tarifarios diferenciales que permitirán trasladar beneficios progresivos a los usuarios de menor capacidad de pago y tarifas especiales para industrias limpias, incentivando la transición hacia una economía verde y la generación de empleo en regiones energéticas.
Además, el proyecto busca reforzar los compromisos del país en materia de transición energética y adaptación al cambio climático.
Para ello, plantea lineamientos claros en los mecanismos de confiabilidad y gestión del riesgo sistémico, que deberán ajustarse para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional.
El Ministerio de Minas y Energía definirá, en un plazo de seis meses tras la promulgación de la ley, los nuevos lineamientos de política para incentivar la inversión en energías limpias y diversificar la matriz energética.
Esto incluye incentivos a la generación distribuida, al uso de fuentes no convencionales y a la reducción de pérdidas eléctricas en las redes.
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Asimismo, se incrementarán los recursos de los fondos FAER, FAZNI, PRONE y FOES, que financian proyectos de electrificación rural, interconexión y energías limpias, con el propósito de cerrar las brechas energéticas entre regiones y avanzar hacia la universalización del servicio eléctrico.
Protección al usuario y transparencia en la facturación
Una de las quejas más recurrentes de los usuarios del servicio eléctrico ha sido la falta de claridad en las facturas y los cobros injustificados. En respuesta, la ley establece que en la factura de energía no podrán incluirse tasas, impuestos ni contribuciones ajenas al servicio.
Los entes territoriales tendrán un plazo máximo de un año para modificar cualquier tributo que actualmente se cobre con base en el consumo de energía, garantizando que el usuario solo pague por el servicio que efectivamente recibe.
Además, se establece que las facturas deberán desglosar de manera separada cada servicio, para evitar el pago conjunto obligatorio de otros conceptos no relacionados, y se fortalecerán los mecanismos de reclamación, defensa y recurso por parte de los consumidores.
“Energía como derecho y no como mercancía”
El proyecto de ley constituye, en palabras del ministro Palma, “la base de una justicia energética real”, donde la energía deja de ser una mercancía para convertirse en un bien común al servicio del desarrollo humano y territorial.
La propuesta se enmarca en una visión de soberanía energética, orientada a que los beneficios del sistema lleguen a los hogares, comunidades y regiones productivas, no solo a las empresas generadoras y comercializadoras.
Durante la radicación del proyecto, el ministro estuvo acompañado por usuarios de Cali y La Guajira, quienes compartieron su experiencia con la instalación de paneles solares en sus hogares.
Estas iniciativas, según el Gobierno, han permitido reducir los costos del servicio y mejorar la calidad de vida, demostrando —en palabras del ministro— que “la energía puede ser motor de bienestar y justicia social”.
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Un cambio de paradigma
Con esta iniciativa, el Gobierno de Gustavo Petro busca consolidar uno de los pilares de su agenda energética: una reforma estructural que democratice la energía corrija los desequilibrios históricos del sistema y asegure que el acceso a la electricidad sea un derecho garantizado con criterios de equidad, sostenibilidad y transparencia.
La discusión del proyecto en el Congreso promete abrir un debate de fondo sobre el modelo energético colombiano y su papel en el desarrollo nacional.
Si se aprueba, el país daría un paso hacia lo que llama el Gobierno Nacional: un sistema eléctrico más justo, participativo y resiliente, “donde las decisiones no se tomen exclusivamente en los escritorios de los expertos, sino con la voz y el voto de la gente”.
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