El Gobierno Nacional anunció que el 1 de octubre de 2025 radicará en el Congreso de la República el proyecto de la nueva Ley Minera en Colombia, tras un proceso de construcción participativa que el Ejecutivo calificó como “histórico”.
Según el Ministerio de Minas y Energía, más de 20.000 personas y 500 organizaciones de todo el país aportaron a la iniciativa a través de foros, mesas técnicas, audiencias públicas y consultas previas con comunidades étnicas.
De acuerdo con Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, el proyecto busca “recuperar la soberanía sobre los minerales, ordenar la minería desde el territorio y superar el modelo extractivista, en línea con la transición energética”.
El funcionario subrayó que se recogieron 266 comentarios provenientes de diversos sectores económicos, sociales y ambientales, e indicó que más de 13.000 personas de 115 pueblos indígenas y cerca de 400 organizaciones afrocolombianas participaron activamente en el proceso.
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Principales disposiciones del proyecto de la nueva Ley Minera en Colombia
La propuesta legislativa contempla cambios estructurales en la forma en que se regula la minería en Colombia. Entre los puntos más relevantes se encuentran:
- Planificación y ordenamiento minero: creación de Zonas Excluidas de Minería (ZEM) y Zonas Aptas de Minería (ZAM), con prohibición expresa de actividades en espacios marinos, costeros y de carbón térmico.
- Derechos de comunidades étnicas: reconocimiento de un régimen diferencial para pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas, con derecho de prelación en procesos mineros y contratos especiales.
- Transición energética y soberanía: impulso a un modelo productivo que supere el extractivismo y priorice el conocimiento geológico como bien público.
- Responsabilidad empresarial: exigencia de licencia ambiental desde la fase de exploración, cierre progresivo integral de proyectos y mayores obligaciones frente a impactos sociales y ambientales.
- Régimen económico: ajustes en las regalías y el canon superficiario, incorporación de pagos sobre ganancias bursátiles y contraprestaciones ligadas a la producción y precios del mercado.
- Formalización y reconversión productiva: registro abierto por tres años para pequeños y tradicionales mineros, contratación diferencial y medidas de reconversión hacia otras actividades.
- Fiscalización y sanciones: fortalecimiento de la potestad sancionatoria, con nuevas causales de caducidad que incluyen daños al agua, violaciones de derechos humanos y uso de mano de obra infantil.
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- Impacto regional: obligación de que al menos el 50 % de la mano de obra provenga de la región, además de fomentar encadenamientos productivos y transferencia tecnológica.
Un debate decisivo en el Congreso de la Ley Minera en Colombia
El proyecto, que ya fue socializado con congresistas de las Comisiones Quintas de Senado y Cámara, será el punto de partida de uno de los debates más relevantes del año en el Legislativo, con implicaciones directas en la economía, el ambiente y la vida de millones de colombianos.
El ministro Palma reconoció que aún existen diferencias en algunos puntos del articulado, pero insistió en que el objetivo común es construir la mejor Ley Minera posible: “Queremos que este sea un instrumento para las comunidades, para los territorios y para el país”.
La radicación del articulado abre así una discusión de gran trascendencia nacional, donde confluirán los intereses de las comunidades, el sector productivo, los ambientalistas y los legisladores en busca de un nuevo marco normativo que defina el futuro de la minería en Colombia.
