El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de decreto para comentarios que busca proteger a las personas que viven en zonas donde se harán proyectos de renovación urbana, especialmente cuando se use la expropiación.
La propuesta busca evitar que estos proyectos terminen desplazando a las comunidades o empeorando sus condiciones de vida. Para eso, plantea nuevas reglas que obligan a garantizar el derecho a una vivienda digna durante todo el proceso.
Uno de los cambios más importantes es que se priorizaría que las personas reciban una vivienda de remplazo dentro del mismo sector.
Esto significa que quienes hoy viven en esas zonas podrían quedarse en el mismo lugar, pero en una nueva vivienda. Además, tendrían prioridad para escogerla cuando el proyecto esté listo.
El texto también es claro en un punto: si el proyecto no puede garantizar esas viviendas de remplazo, el Estado no podrá usar la expropiación.
Más protección para quienes viven allí
El decreto diferencia entre quienes son dueños y viven en el predio y quienes compran como inversión.
Los propietarios que habitan el lugar tendrían más garantías: recibir información desde el inicio, participar en el proyecto y asegurar su permanencia en la zona.
En el texto se lee: “Recibirán información detallada, de parte de la entidad pública encargada o del promotor privado, sobre las características del proyecto o programa desde su inicio y de manera permanente, en relación con el ámbito espacial, con el diseño general, con los aprovechamientos urbanísticos previstos y con las características de los inmuebles que serán construidos, los costos y los precios de venta estimados, las etapas y cronogramas”.
Por su parte, los inquilinos también serían tenidos en cuenta. Aunque no son dueños, deberán recibir apoyo para conseguir otra vivienda y tiempo suficiente para mudarse sin afectar su calidad de vida.
El proyecto también cambia la forma en que se calcula el valor de los inmuebles.
Se haría un avalúo inicial con el precio actual del predio y otro final que tenga en cuenta el potencial del proyecto. Además, los propietarios podrían participar como socios, aportando su terreno y recibiendo beneficios del desarrollo.
“Que puedan obtener una vivienda de remplazo en el ámbito del proyecto y participar en la definición de sus características, en el marco del esquema de reparto equitativo de cargas y beneficios que se acuerde, sin perjuicio de las exigencias legales respecto al ejercicio de la posesión”, se lee en el borrador.
Cuando haya participación de empresas privadas, el decreto impone condiciones más estrictas.
Estas compañías deberán asumir no solo la compra de los predios, sino también los costos de las viviendas de remplazo y las medidas sociales para los habitantes.
Además, tendrían que responder ante posibles demandas, para evitar que los riesgos recaigan en el Estado.
Otro punto clave es que la compensación no será solo dinero. La idea es que realmente permita a las personas mantener una vivienda adecuada, sin perder calidad de vida.
Por eso, opciones como recibir una vivienda nueva en lugar de dinero cobran mayor importancia.
El proyecto ahora entra en fase de comentarios, en la que ciudadanos y sectores interesados podrán opinar antes de que se tome una decisión final.
