La decisión del Gobierno Nacional de decretar un aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026, que lo ubica en $2.000.000 incluyendo el auxilio de transporte, desató una fuerte reacción.
Los principales gremios empresariales del país coincidieron en señalar riesgos para el empleo formal, la inflación y las finanzas públicas, así como una falta de concertación real en el proceso.
Desde Acopi Bogotá Cundinamarca, que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas, se expresó una profunda preocupación por el impacto que tendrá el incremento en el tejido empresarial. Si bien el gremio reconoció que mejorar los ingresos de los trabajadores es un objetivo legítimo, advirtió que el ajuste fue definido sin una adecuada articulación con variables clave como la productividad, la capacidad empresarial y la generación de valor agregado.
Según Acopi, este aumento presionará los costos de producción, afectará la sostenibilidad de las empresas —en especial de las mipymes y del sector agrícola— y podría traducirse en menor empleo formal. El gremio señaló que la evidencia económica muestra que incrementos salariales que superan ampliamente la productividad suelen trasladarse a los precios, reducen el poder adquisitivo real y estimulan la informalidad, lo que explica que, pese a la reducción del desempleo, aumente el número de personas que trabajan por debajo de un salario mínimo y fuera del sistema formal.
El pronunciamiento también cuestionó la incoherencia de la medida en un contexto de déficit fiscal creciente, mayor endeudamiento y bajo crecimiento económico, así como la ausencia de una política integral de respaldo al sector productivo, que incluya una estrategia industrial clara, revisión de tratados de libre comercio, medidas de protección comercial y esquemas tributarios diferenciales. Acopi hizo un llamado a que el salario mínimo sea una herramienta de inclusión y formalización, y no una barrera para el empleo formal, y calificó la decisión como demagógica y orientada a réditos electorales.
Las críticas se sumaron a las expresadas por Fenalco, que calificó el incremento como “desproporcionado, irresponsable y populista”, y aseguró que la Mesa de Concertación Salarial fue una “farsa”, pues la decisión —según el gremio— ya estaba tomada de manera anticipada y unilateral. La federación de comerciantes advirtió que el aumento generará un encarecimiento generalizado del costo de vida, mayor informalidad y un fuerte impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que deberán asumir costos laborales adicionales cercanos a los $3.000.000 mensuales por trabajador.
En la misma línea, el Consejo Gremial Nacional manifestó su rechazo al aumento, al considerar que carece de sustento técnico y pone en riesgo la estabilidad laboral y fiscal del país. El organismo señaló que un alza elevada del salario mínimo tiene efectos directos sobre la inflación, el gasto público, las reservas pensionales y los precios de bienes y servicios indexados a este indicador, como tarifas, transporte y vivienda de interés social. Además, recordó que la informalidad laboral continúa creciendo y que aumentos desmedidos no contribuyen a resolver este problema estructural ni a reducir la pobreza.
Por su parte, la Andi advirtió que la decisión del Gobierno rompe con el espíritu del diálogo social y genera riesgos significativos para los hogares y la economía. El gremio de los empresarios alertó sobre la presión inflacionaria y fiscal del incremento y señaló que cada punto adicional de aumento del salario mínimo implica un mayor gasto público considerable, en un momento en el que el propio Ejecutivo ha reconocido restricciones fiscales. También cuestionó la modificación unilateral de la metodología de remuneración y la introducción del concepto de “salario mínimo vital” sin una discusión amplia en la Comisión de Concertación.
En conjunto, los gremios coincidieron en que el aumento del salario mínimo para 2026, lejos de ser un consenso tripartito, profundiza las tensiones entre el Gobierno y el sector productivo, y abre un nuevo debate sobre la sostenibilidad del ajuste, la generación de empleo formal y el papel real de la concertación en la política laboral del país.
