El 26 de enero de 2026, el gobierno ecuatoriano incrementó en 900 % el costo de transporte de petróleo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), pasando de US$3 a US$30. Expertos en el sector energético aseguraron que, si bien esta medida puede impactar las operaciones de Ecopetrol, la compañía tiene suficiente capacidad de almacenamiento para evitar el arancel hasta que se resuelva la situación comercial.
Sin embargo, en caso de que la estatal energética no tenga otra opción, y por obligación, tenga que transportar su crudo en Ecuador con el arancel impuesto, la empresa terminaría pagando casi $1.000 millones diarios por transportar cerca de 9.000 barriles al día.

Óscar Rincón, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (Acipet), expresó que lo anterior no significa que la estatal energética ya esté cancelando estas cifras, sino que, por el contrario, tiene suficiente capacidad de almacenamiento para evitar ese pago. No obstante, en caso de que no haya otra alternativa y deba transportar el crudo por esa zona con el arancel vigente, ese podría ser el costo. Cabe señalar que estos cálculos están basados en la tasa representativa del mercado (TRM), que para el 27 de enero de 2026 se ubicó en $3.676, junto con proyecciones de volumen transportado.
Las consecuencias para Ecuador y Colombia
Si bien el consenso general entre los analistas es que en esta guerra comercial no hay ganadores, a grandes rasgos sí podría decirse que Ecuador, país dirigido por Daniel Noboa, pierde en seguridad energética eléctrica, puesto que Colombia exportó electricidad en momentos en los que Ecuador registró déficits, mientras que para Colombia habría una pérdida en competitividad petrolera.
Felipe Bernal, miembro del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, manifestó que las exportaciones de energía colombiana a Ecuador han llegado a cubrir entre 8 % y 10 % de la demanda diaria en ese país en momentos críticos.
A lo que añadió que la guerra comercial frenaría la ampliación de la interconexión eléctrica entre los dos países, en la cual estaba sobre la mesa el aumento de la capacidad de intercambio a más de 500 megavatios actuales y también permitir la participación privada.
“En electricidad, el golpe es mayor para Ecuador, ya que este país utiliza a Colombia como respaldo en momentos de estrés hidrológico a través de la interconexión Pomasqui–Jamondino, de 230 kilovoltios, operativa desde 2003. Colombia no depende de Ecuador para cubrir su demanda. Si el flujo se interrumpe, Ecuador enfrenta un mayor costo marginal o riesgo de racionamiento”, expresó Iván Arrojave, banquero de inversión y experto en el sector.
A lo que añadió que Colombia exporta su electricidad, coordinada por XM y Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) desde 2003 y reforzada en 2008, y que además se registran enlaces complementarios con Panamericana–Tulcán, de 138 kilovoltios, los cuales corresponden a transacciones reguladas entre sistemas en las que no intervienen contratos privados.
Por su parte, Julio César Vera, presidente de XUA Energy, expresó que Colombia perdería ingresos por exportaciones de energía eléctrica valorados en cerca de US$350 millones, y agregó que el país tendría que pensar, sí o sí, en movilizar su crudo dentro de su propio territorio. Lo anterior se debe a que, a causa de la indisponibilidad del Oleoducto Trasandino que conecta con Tumaco, se tuvo que poner la lupa sobre territorio ecuatoriano para exportar el crudo en el Pacífico a través del Puerto de Esmeraldas. Pero con los aranceles, los costos económicos y los impactos operativos serán mayores.
Vera dijo que también habría pérdida de competitividad en las operaciones en la cuenca del Putumayo y que, si Ecopetrol ve reducidos sus márgenes por las tarifas, también habría menores regalías por mayores costos, menos dividendos y menos utilidades para la compañía.
El consenso general es que lo más conveniente es resolver el conflicto comercial a través de la vía diplomática, con el fin de que no se implementen barreras comerciales ni en Colombia ni en Ecuador.
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