Una carta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) está llegando a distintos medios de comunicación de Colombia y ha despertado preocupación por el alcance de la información solicitada, relacionada directamente con las líneas editoriales y procesos internos de los medios.
El documento, titulado “Requerimiento de información en materia de contenidos periodísticos y noticiosos”, solicita a los medios detallar sus políticas editoriales, directrices y prácticas internas que “garanticen la imparcialidad, objetividad y veracidad de la información difundida”.
¿Qué están pidiendo?
Entre los puntos específicos, la CRC pide explicar las medidas adoptadas para “evitar sesgos o favoritismos hacia personas, sectores o partidos políticos, así como los procedimientos para separar hechos de opiniones, incluir diversas fuentes y verificar los datos antes de su publicación”.
También se solicita información sobre capacitaciones del personal, mecanismos de autorregulación, designación de revisores internos o externos y acciones preventivas.
El documento además pide la entrega de manuales, guías, reglamentos o protocolos editoriales vigentes, y una descripción de los procesos de decisión editorial, incluyendo los criterios de selección de temas, fuentes y enfoques, junto con soportes documentales de comités internos donde se definen los contenidos.
Otro de los apartados exige detallar las medidas para diferenciar entre información, opinión y publicidad.
La CRC otorgó un plazo de 10 días hábiles para responder al requerimiento, advirtiendo que el incumplimiento podría derivar en medidas administrativas.
El documento está firmado por Zoila Vargas Mesa, coordinadora ejecutiva de la entidad.
El alcance del requerimiento ha sido considerado altamente preocupante por varios medios de comunicación y esta solicitud podría representar una intromisión en la autonomía editorial de los medios, en consecuencia, una afectación al principio constitucional de libertad de prensa.
“No es censura, es pedagogía”
En rueda de prensa, la entidad dijo que es parte de un ejercicio regular de promoción de «buenas prácticas en el ecosistema mediático» y aclaró que los requerimientos solo están dirigidos a los medios televisivos.
Según explicó la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la CRC, el objetivo del requerimiento es identificar y compartir las buenas prácticas en materia de pluralismo, imparcialidad y veracidad informativa.
“Lo que buscamos es conocer cómo están garantizando los medios ese pluralismo y esa imparcialidad, para compartir las experiencias positivas entre ellos. Si un canal ha desarrollado una buena práctica, queremos que los demás puedan conocerla”, señaló Claudia Bustamante, directora ejecutiva de la CRC.
La Comisión insistió en que el oficio no tiene relación con las alocuciones presidenciales ni con el fallo del Consejo de Estado, pues fue expedido antes de conocerse la decisión judicial.
Uno de los puntos que generó mayor inquietud fueron las “medidas administrativas” en caso de no entregar la información solicitada.
Frente a ello, la CRC no negó tajantemente las consecuencias, ni las sanciones administrativas que podrían poner contra las cuerdas a los medios: “Nuestra intención no es investigar ni sancionar a nadie. Esto no es un proceso de control, sino un ejercicio de colaboración y diagnóstico. Buscamos promover un ambiente de intercambio de información y buenas prácticas entre los actores del sistema mediático”, enfatizó la comisionada.
La entidad precisó, además, que emitirá una nueva comunicación para aclarar los alcances del requerimiento y el tratamiento de la información reservada. En ella se establecerá que los medios pueden abstenerse de entregar información si consideran que tiene carácter reservado, siempre y cuando sustenten debidamente su decisión o especifiquen qué parte de los datos puede ser conocida únicamente por la CRC.
“Queremos ser muy cuidadosos con los límites de nuestra competencia. La ley nos faculta para solicitar información, pero no para interferir en la libertad de programación o expresión. Respetamos plenamente la autonomía editorial de los medios”, explicó Andrea Muñoz, comisionada de la sesión de contenidos.
La presión a medios
La solicitud de la CRC llega en un momento en que el sector de las comunicaciones se dispara. Valora Analitik conoció cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), entre 2020 y 2024 las investigaciones contra medios —incluidos concesionarios de televisión, emisoras y operadores digitales— pasaron de 133 procesos en 2020 a 960 en 2024, lo que representa un incremento de más del 450 %.
Hasta agosto de 2025, el registro ya alcanza 438 investigaciones en curso.
Si bien el MinTIC tiene competencia para vigilar y sancionar a los operadores que usan el espectro público —como radio y televisión—, no puede abrir procesos contra medios privados sin concesión, como revistas o portales digitales.
