La propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de convertir a Barranquilla en una capital alterna de Colombia abre varios frentes jurídicos que podrían dificultar que la iniciativa se convierta en realidad.
Según De la Espriella, el objetivo es dar mayor visibilidad a las regiones del país.
Por eso anunció que presentará un proyecto y respaldar un modelo de gobierno con mayor presencia territorial, una estrategia que busca acercar el Ejecutivo a los territorios y reducir la concentración administrativa en Bogotá.
El mandatario electo precisó que Barranquilla no sería el único punto de operación: Medellín y Cali tendrían también un papel como sedes alternas dentro de esta reorganización política y operativa.
Un cambio constitucional, no administrativo
Aunque el Gobierno puede comenzar a dar órdenes desde Barranquilla mediante decisiones administrativas, convertir oficialmente a la ciudad en capital alterna exige modificar la Constitución.
El artículo 322 establece que Bogotá es la capital de la República, por lo que el cambio requiere la aprobación de un acto legislativo en el Congreso.
Ese trámite implica superar ocho debates distribuidos en dos vueltas legislativas: la iniciativa debe empezar en la Comisión Primera del Senado o de la Cámara de Representantes, continuar en las plenarias de ambas corporaciones y repetir el mismo recorrido en el siguiente periodo legislativo. En la segunda vuelta, la reforma necesitará mayoría absoluta para convertirse en modificación constitucional.
Ese calendario convierte la construcción de consensos políticos en uno de los principales desafíos del proyecto: la administración entrante deberá mantener mayorías estables durante dos legislaturas consecutivas para evitar que la propuesta se estanque en cualquiera de sus etapas, un obstáculo recurrente para las reformas constitucionales en Colombia.
El costo fiscal de una capital alterna
Otro frente es la viabilidad, la propuesta también implica desafíos operativos y financieros. Una capital alterna supone disponer de infraestructura adecuada para el funcionamiento del Ejecutivo, mantener despachos, garantizar la logística institucional y coordinar el desplazamiento permanente de funcionarios, aspectos que deberán respaldarse con recursos del presupuesto nacional.
La seguridad será otro de los aspectos clave, no solo por el despliegue logístico que implicaría trasladar el dispositivo de la Fuerza Pública, sino porque la Casa de Nariño cuenta con una unidad militar especializada —la Guardia Presidencial— encargada de proteger al presidente de la República, su familia y la sede del Gobierno.
Ese componente presupuestal no es menor en un escenario de presión sobre las finanzas públicas y elevados compromisos de deuda. La eventual implementación del modelo obligará al Gobierno a sustentar el impacto fiscal de mantener sedes oficiales funcionando de forma simultánea, mientras avanza la descentralización administrativa que propone el presidente electo.
