La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión del Clan del Golfo en la denominada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), donde también incluyeron al presidente Gustavo Petro meses atrás.
El secretario de Estado, Marco Rubio, se refirió a la decisión y aseguró que Washington intensificará su ofensiva contra este tipo de estructuras criminales.
“Estados Unidos utilizará todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”, afirmó.
En conversación con El Espectador, Álvaro Jiménez, jefe de la delegación oficial en los diálogos, señaló que la decisión no tomó por sorpresa.
“Desde el momento en que llegó el presidente Trump y anunció que varios grupos serían designados como organizaciones terroristas, esto era una posibilidad. Era un proceso que ya se venía desarrollando”, explicó.
¿Estados Unidos podría seguir justificando operaciones militares?
Para Javier Garay, docente de la Universidad Externado, este tipo de designaciones otorgan características muy específicas a las organizaciones señaladas.
“Una de las consecuencias históricas más claras es que con estas organizaciones no se puede negociar. El Gobierno de Estados Unidos no puede entablar ningún tipo de diálogo con ellas, y eso también limita la cooperación —como el intercambio de información o ayudas— con quienes mantengan negociaciones con estos grupos”, advirtió.
El analista explicó que, aunque estas restricciones son estándar en las declaratorias de organizaciones terroristas, el contexto actual introduce elementos adicionales.
Señaló que el gobierno de Donald Trump ha venido justificando acciones militares, incluidos bombardeos en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de una guerra contra las drogas y de la existencia de una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Según Garay, esa narrativa sirve como sustento legal y político para ampliar el espectro de acciones contra estos grupos. “La inclusión en estas listas puede interpretarse como parte de la construcción de un caso que no solo habilite sanciones financieras, sino también operaciones militares o ataques directos, así como medidas contra quienes negocien, justifiquen o mantengan vínculos con estas organizaciones”, explicó.
En ese escenario, concluyó el experto, la situación se vuelve más compleja para gobiernos como el colombiano, que han planteado la posibilidad de procesos de diálogo o sometimiento.
Con esta designación, el Clan del Golfo deja de ser visto únicamente como un grupo armado ilegal y pasa a ser considerado formalmente como una organización terrorista por Estados Unidos.
