Durante su gobierno, el presidente Gustavo Petro convirtió la salud en uno de los ejes centrales de su proyecto político. Aunque su gran reforma estructural se hundió en el Congreso, el mandatario ha impulsado transformaciones profundas a través de decretos, intervenciones, decisiones financieras y cambios regulatorios que ya están afectando la operación diaria del sistema y que marcarán el futuro inmediato del modelo colombiano.
El resultado: un sistema en transición, con tensiones crecientes entre Gobierno, EPS, hospitales y usuarios, y una discusión abierta sobre la sostenibilidad.
El diagnóstico de Petro y su sistema de salud
La apuesta inicial de Petro era una reforma legislativa que transformara el modelo de aseguramiento, redujera el papel de las EPS y fortaleciera la atención primaria territorial. El proyecto liderado por la exministra, Carolina Corcho, proponía que las EPS se convirtieran en gestoras clínicas, que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) asumiera el giro directo de los recursos y que los Centros de Atención Primaria resolvieran la mayoría de las necesidades de los pacientes.
Con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la reforma aún no encuentra oxígeno dentro del Legislativo. Sin embargo, las derrotas y dilataciones no detuvo los cambios: el Ejecutivo comenzó a implementar varios componentes de la reforma por vía administrativa.
Intervenciones y tratamientos: las decisiones del Ejecutivo
1. Intervenciones a EPS
Uno de los movimientos más contundentes fue las intervenciones a las EPS, donde el Gobierno controla más del 50 % del sistema.
La Superintendencia de Salud argumenta sus acciones bajo “riesgo financiero y fallas en la prestación del servicio”, mientras que algunas de las entidades intervenidas señalan motivaciones políticas y falta de reglas claras.
2. Ampliación del giro directo por parte de Adres
Aunque el giro directo ya existía, el Gobierno amplió su alcance y comenzó a pagar directamente a hospitales y clínicas sin pasar por las EPS. Para el Gobierno, esto reduce intermediación y mejora el flujo de recursos. Para las EPS, pone en riesgo su capacidad de gestión y desfinancia la operación cotidiana. Para las IPS, los efectos han sido mixtos: algunas reportan alivio en liquidez; otras denuncian pagos incompletos o lentos.
3. Cambios regulatorios en atención primaria
El Ministerio expidió resoluciones que impulsan el modelo de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y ajustan la habilitación de servicios. Aunque el modelo busca fortalecer la prevención, varios territorios reportan falta de presupuesto, personal e infraestructura para asumir el cambio.
4. Decisiones financieras de alto impacto
El Gobierno aumentó la UPC, pero no al ritmo que las EPS consideraban necesario para cubrir el incremento en costos. A esto se suma el déficit acumulado del sector, reportado tanto por gremios como por entidades públicas. La tensión financiera ha sido uno de los argumentos principales de las EPS para advertir crisis operativa. Incluso el problema se podría extender en 2026, porque gremios han pedido aumentar la UPC un 15,6 % y el presidente Gustavo Petro les respondió: “Lo que quieren es explotar y robar a Colombia sin trabajar una hora al año y además volver a tomarse el Gobierno”.
5. Movimientos políticos y discursivos
El Ministerio de Salud ha sido de las carteras con menos remezones— Carolina Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo— pero la meta política del Gobierno continúa: reducir el peso de las EPS. Petro ha mantenido un discurso crítico hacia aseguradoras, que considera responsables de barreras de atención y de un modelo de negocio que debe transformarse. También se ha ido directamente a directivos como el grupo Keralty, dueños de Sanitas.
Segunda opinión: la visión de gremios, expertos y asociaciones del sector
La lectura de los expertos coincide en que el panorama es complejo. Para Johnattan García-Ruiz, especialista en el sector salud, en el corto plazo la desfinanciación del sistema ha generado un ambiente de desconfianza que lleva a muchos prestadores a pensar dos veces antes de seguir contratando con las EPS a las que les prestan servicios, en especial con aquellas que están intervenidas por el Estado.
En el largo plazo, adviertió, “el mayor impacto ha sido el desaceleramiento del sector salud, impulsado por el crecimiento sostenido de las deudas, lo que frena decisiones de inversión en infraestructura, expansión de servicios, incorporación de nuevas tecnologías y acceso a medicamentos innovadores”.
Esa pérdida de confianza —alimentada por el debate permanente y el desfinanciamiento estructural del sistema— “ha terminado por debilitar al sector en su conjunto”, subrayó.
En ese contexto, los gremios, como Acemi, así como clínicas y hospitales, han protagonizado múltiples desacuerdos con el Gobierno, principalmente por las cifras de deuda y la sostenibilidad financiera de las EPS. Acemi, en particular, ha sido crítica de las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud, al considerar que han agravado la situación financiera y operativa de las entidades, y ha rechazado las acusaciones oficiales sobre presuntos cobros indebidos o apropiación de recursos.
El futuro económico en pronóstico reservado
El informe de perspectivas económicas de Corficolombiana señala varios elementos que serán determinantes, no solo para el gobierno actual, sino para el siguiente. Advierte que el gasto en salud continuará creciendo y se consolidará como una de las principales presiones sobre la sostenibilidad fiscal del país, en un contexto en el que este sector ya absorbe cerca del 6 % del PIB y compite con otros rubros inflexibles como pensiones y transferencias territoriales.
