Con la radicación de la Ley de financiamiento en el Congreso, el Gobierno Nacional busca recaudar $26,3 billones de pesos para cubrir el déficit fiscal del Presupuesto General de 2026.
Aunque la iniciativa se presenta como una estrategia para equilibrar las finanzas públicas, sus disposiciones afectan directamente la tributación de personas, familias y empresas, generando efectos relevantes sobre el ahorro, la inversión y el patrimonio.
Ley de financiamiento: ajustes en renta, patrimonio y ganancias ocasionales
El primer cambio sustancial de la Ley de financiamiento se da en el impuesto sobre la renta. Para personas naturales se elevan las tarifas marginales a partir de 4.100 UVT (Unidad de Valor Tributario), con un techo del 41 %.
Además, desaparecen beneficios que favorecían la planeación fiscal, como el descuento por dividendos, la deducción por dependientes y el componente inflacionario de los rendimientos financieros.
En el caso de no residentes, la tributación sobre dividendos pasa del 20 % al 30 %, aplicándose sobre utilidades que ya estaban gravadas al 35% en las sociedades.
La reforma también contempla un aumento en la tarifa para prestadores de servicios digitales con presencia significativa en Colombia, que sube del 3 % al 5 %.
En paralelo, se crean sobretasas para sectores como el financiero y las industrias extractivas, mientras que las iglesias deberán tributar por ingresos derivados de actividades comerciales.
En materia de impuesto al patrimonio, la base exenta se reduce de 72.000 UVT a 40.000 UVT (aproximadamente $1.992 millones), lo que amplía de manera considerable el número de contribuyentes afectados. A la par, se establecen tarifas progresivas que oscilan entre el 0,5 % y el 5 %, incrementando la carga sobre patrimonios medios y altos.
Por su parte, la tributación sobre ganancias ocasionales introduce un marco más estricto. Se reducen beneficios para herencias y sucesiones, la tarifa sobre loterías y rifas sube al 30 % y se amplía de dos a cuatro años el período mínimo de posesión de activos para evitar su clasificación como ganancias ocasionales.
Riesgos macroeconómicos y necesidad de planeación patrimonial
Más allá de los ajustes directos, la Ley de financiamiento propone modificaciones en el IVA y en impuestos al consumo que podrían aumentar el costo de bienes y servicios, incluidos algunos de primera necesidad.
Esto genera el riesgo de presiones inflacionarias que afectarían a los hogares, así como un entorno poco competitivo para la inversión extranjera, que ya enfrenta una tarifa del 35 % sobre sociedades y un 30 % adicional sobre dividendos.
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Expertos en tributación y gestión patrimonial advierten que estas medidas obligan a replantear estrategias de planeación financiera. Entre las recomendaciones más frecuentes destacan:
- Planeación patrimonial preventiva: revisar estructuras jurídicas y familiares frente a los nuevos umbrales.
- Diversificación de inversiones: explorar portafolios locales e internacionales para reducir riesgos.
- Optimización fiscal transparente: aprovechar convenios de doble imposición y mecanismos legales de protección.
- Participación activa: fomentar un debate técnico sobre los efectos de la reforma en la economía real.
“Más que un impuesto, lo que está en juego es la seguridad patrimonial de las familias y empresas. Si el país quiere recursos, debe atraer inversión, no ahuyentarla”, señaló Mauricio Marín Elizalde, socio fundador de Bastet Family and Corporate Consulting.
La discusión de la Ley de financiamiento marcará la agenda económica en los próximos meses, pues sus implicaciones trascienden el recaudo fiscal para impactar de manera directa la confianza de los inversionistas y el patrimonio de los colombianos.
