En el Congreso de Colombia, se aprobó en primer debate el proyecto de ley para la modificación de tarifas de energía. Esta iniciativa es del Ministerio de Minas y Energía y en ella se proponen cambios en la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), así como en los subsidios, entre otros puntos.
El Gobierno señaló que el paso del proyecto a segundo debate en 2026 representa avances para lograr alivios en la presión tarifaria de los hogares, junto con un mayor acceso al mercado energético. A lo anterior añadió que en la Comisión Quinta de la Cámara se estudiaron más de 30 proposiciones, con la finalidad de llegar a consensos.

“Que este proyecto pase al segundo debate es una señal clara de que el Congreso está escuchando a la gente. La energía no puede seguir siendo un factor de desigualdad. Debe ser un derecho, con tarifas justas, reglas claras y participación real en los territorios”, expresó el titular de la cartera energética, Edwin Palma.
En esta iniciativa, otro de los rubros que se pretenden cambiar es el cargo por confiabilidad en las facturas, así como la opción tarifaria.
En cuanto a la opción tarifaria, el ponente del proyecto, José Octavio Cardona, quien es representante del Partido Liberal, manifestó que una alternativa es que la paguen los deudores (en su mayoría, estratos uno y dos); la otra es que los usuarios con mayor capacidad paguen la deuda, señalando que, independientemente de la decisión, debe darse la discusión.
Adicionó que, si bien las generadoras pueden seguir teniendo el cargo por confiabilidad, estas deben señalar hacia dónde fueron los recursos que ya se han pagado.
“Si lo que el sistema demanda no son $6,2 billones, sino $10 billones, lo que habría que hacer no es bajar el cargo por confiabilidad, sino subirlo. Pero llevamos más de un mes esperando que nos den una explicación técnica que no aparece. Hemos hecho dos audiencias y lo único que se dice es que no se puede quitar, pero necesitamos una explicación técnica”, enfatizó.
Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), expresó en anteriores ocasiones que la modificación de la manera como funciona el cargo por confiabilidad afectó al sector eléctrico. Señaló que cambiaron los riesgos para los agentes generadores, las subastas dejaron de ser atractivas para nuevos participantes y se alteraron las reglas de juego del esquema, lo que puso al sector en una compleja situación.

Las fechas que siguen en el Congreso
El calendario por el que el Gobierno optaría para que esta ley entre en vigencia sería el siguiente: el 16 de diciembre de 2025 se votaría la primera ponencia. Como el Congreso entra en receso, en abril de 2026 se reanudaría el debate con la segunda ponencia.
En mayo llegaría a la Comisión Quinta del Senado, para luego pasar a la plenaria. Entre julio y agosto de ese año iría a conciliación entre Cámara y Senado. En caso de que ninguno de estos procesos frene la iniciativa, esta iría a sanción presidencial antes de que el Gobierno Petro culmine el 7 de agosto de 2026.
No obstante, otros analistas señalan que, si se aprueban las ponencias, el proyecto tendría plazo hasta el 20 de junio de 2027 para culminar su trámite en el Congreso.
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